vía El Economista.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2022-2024”.
Se trata de un instrumento previsto en el Decreto por el que se expidió la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013.
En aquel momento de la reforma, la lógica de que fuera la SICT quien publicara un programa de esta naturaleza fue la de mantener dentro del ámbito del Ejecutivo Federal las tareas de diseño de políticas públicas, conjunto dentro del cual se inscribe un programa de espectro radioeléctrico, como el que se supone debería haber publicado la SICT.
Ahora bien, dicho sea de paso, un programa de ese tipo no debería limitarse a describir metas sobre la explotación de diversas frecuencias del espectro radioeléctrico para mejorar la comunicación de los habitantes de nuestra nación, sino que también debería plantearse por ejemplo cuestionamientos sobre por qué diversas frecuencias no han sido explotadas de mejor manera, y al hacer el análisis para responder esa cuestión, se encontraría con la respuesta obvia de que el modelo de cobros anuales de cuotas de derechos basados en una valuación del espectro propia de los primeros cinco años de este siglo, simplemente ya no es prudente, porque impone un costo excesivo a la explotación de ese importante recurso, lo que a su vez se convierte en un factor que inhibe un mejor uso y explotación del espectro radioeléctrico, lo que se constituye entonces en un obstáculo para mejorar el bienestar de los mexicanos.
Lo anterior lo comento porque en el programa en cuestión, si acaso aparece de manera tímida como una actividad a llevar a cabo la siguiente:
“1.1.5 Revisar las metodologías de valuación(18) del espectro radioeléctrico con base en los estándares y mejores prácticas internacionales”. Sin embargo, no se desprende con claridad qué procederá o qué políticas públicas corresponderá diseñar para atender los hallazgos de esa revisión de las metodologías de valuación.
Ahora bien, ese detalle puede considerarse como un mero aspecto que muestra los limitados alcances del programa, o como una oportunidad terriblemente desperdiciada por la administración del presidente López Obrador para plantear nuevos enfoques o la adopción de enfoques probados en otras latitudes para mejorar el uso del espectro radioeléctrico como instrumento para mejorar la comunicación de los mexicanos, particularmente de aquellos en situaciones de pobreza, o bien, mejorar la comunicación e inserción a la modernidad de comunidades que hoy se encuentran aisladas del conocimiento y del comercio moderno que ocurren en el universo del Internet.
Lo que es verdaderamente preocupante, es un detalle que parecería pequeño o imperceptible, pero que nos habla de la distracción con la que la actual administración lleva a cabo sus tareas de gobierno.
En el Decreto del presidente López Obrador, por el que aprueba el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2022-2024, concretamente en el Considerando Octavo (aunque no vienen numerados), la SICT señala sin pudor alguno que, tal como la prevé la Constitución, este programa se nutre de elementos que le aporta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para lo cual cita de manera expresa “…en la celebración de la XXVI Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones el pasado 23 de octubre de 2019, se emitió el “Acuerdo a través del cual se aprueban los elementos a incluirse en el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2019-2024”, mismo que se hizo del conocimiento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del oficio número IFT/200/P/106/2019, con el objeto de ser tomado en consideración en el diseño del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2019-2024”.
O sea, en la SICT alguien se acordó recientemente que hace unos tres años que el IFT les había remitido esa información. Este vergonzoso retraso exhibe una característica de la actual administración: la propensión a hacer a un lado las formalidades legales, a hacer a un lado los ejercicios de planeación seria. Vamos, exhibe el descuido con el que se atienden las obligaciones previstas en el andamiaje legal e institucional para hacer mejor las cosas.
*El autor es economista.
@GerardoFloresR
