2020.03.11
Vía El Economista
La semana pasada, el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), que me honro en presidir, emitió un boletín respecto de la preocupante reconcentración de mercado que se observa en el segmento móvil al analizar la información reportada por los operadores al cierre de 2019, en la que se puede observar que Telcel, integrante del agente preponderante, acumuló el 72.3% de la totalidad de los ingresos al cuarto trimestre de 2019. De acuerdo con cifras publicadas por The Competitive Intelligence Unit, los ingresos totales del segmento móvil en México ascendieron a $293,653 millones de pesos en 2019, de los cuales $210,318 millones fueron captados sólo por Telcel.
La línea ascendente de reconcentración lleva ya ocho trimestres constantes y empezó en el cuarto trimestre de 2017, coincidiendo de manera curiosa con los efectos de la primera revisión bianual (que en realidad tarda tres años) de las medidas de regulación asimétrica impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Al cuarto trimestre de 2017, Telcel concentró el
68.2% de los ingresos totales, al 2018 el 70.7% y al 2019 el 72.3%.
Esto números constituyen evidencia empírica irrefutable de que el sector telecomunicaciones mantiene un escenario de falta de competencia en el que las mejoras obtenidas están siendo fácilmente revertidas por el preponderante. A pesar de que han transcurrido seis años de la entrada en vigor de un marco regulatorio asimétrico para el agente preponderante en
telecomunicaciones, en los últimos dos años ya se advierte una reconcentración de mercado a niveles similares al inicio del intento de nivelación competitiva. Ha tomado tan sólo una tercera parte del tiempo desde la implementación de las medidas de preponderancia, para atestiguar una pérdida en las ganancias en competencia y una reconcentración de mercado a favor del operador dominante.
Lo anterior, además de ser altamente preocupante, constituye un indicio categórico de la necesidad de implementar, de manera decidida, mecanismos eficaces en la búsqueda de una auténtica competencia efectiva. Resulta evidente, por ejemplo, que una de las asignaturas pendientes del órgano regulador está en la oportuna y eficaz tarea de supervisión.
En nuestra opinión, se debe llevar a cabo una supervisión y vigilancia rigurosa del cumplimiento efectivo de las medidas de regulación asimétrica, ya que ha sido la negligencia del IFT en hacer cumplir sus propias resoluciones la que ha permitido al preponderante cumplir “documentalmente” o en la forma, pero mantener una actitud pasiva respecto del cumplimiento efectivo de las medidas de regulación asimétrica. No debe pasar por alto el regulador, que su
principal mandato constitucional es conseguir un entorno de competencia efectiva en el sector, y que eso sólo lo puede lograr con las medidas de regulación asimétrica, y, si éstas no funcionan, como no lo están haciendo, debe plantearse la separación estructural, antes de estar pensando autorizar nuevos servicios al preponderante que sólo reconcentrarían aún más su ya de por sí excesivo peso en el sector.
