2020.02.11
Vaya escenario complicado que se generó dentro del proceso para cubrir la vacante de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se abrirá a partir del 1 de marzo próximo a la salida del actual comisionado presidente de ese órgano regulador, Gabriel Contreras. Como ha sido ampliamente comentado en distintos espacios, en esta ocasión la convocatoria fue diseñada para que sólo pudieran participar mujeres, como una acción afirmativa para promover condiciones de igualdad sustantiva en el ámbito del IFT y toda vez que hoy el pleno de comisionados de ese instituto está integrado sólo por hombres.
Lamentablemente, el viernes pasado el Comité de Evaluación, conformado por los titulares del Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), anunció que no se había cumplido el requisito previsto en el artículo 28 de la Constitución de integrar una lista con al menos tres aspirantes con calificación aprobatoria en el examen de conocimientos referido en ese artículo e informó que se emitiría una nueva convocatoria “en la que se permitirá la participación de mujeres y hombres. Con objeto de avanzar progresivamente hacia la paridad de género en el referido órgano de gobierno, la lista se integrará con las calificaciones aprobatorias más altas de las mujeres, seguida de las calificaciones aprobatorias más altas de los hombres”.
Digo que vaya escenario complicado por varias razones. La primera, un señalamiento recurrente con relación a procesos anteriores tiene que ver con que a pesar de que el mismo artículo 28 constitucional dispone que el procedimiento debe observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia, se puede afirmar que el principio de transparencia no se cumple, pues es sabido que diversos aspirantes en procedimientos previos, han sido rechazados, sin que siquiera se les dé a conocer en ningún momento la razón precisa por la que el comité consideró que no cumplían con alguno de los requisitos.
Vinculado con esa falta de transparencia, está la cuestión del examen de conocimientos a que se refiere también la Constitución, respecto del que el comunicado del Comité de Evaluación señala: “cada examen estuvo integrado por dos instrumentos que se complementan. Uno de ellos es un instrumento de reactivos de opción múltiple. El otro es un caso hipotético en el que las aspirantes debían proveer la fundamentación y motivación para la toma de decisiones”.
Del caso hipotético, llama poderosamente la atención que se exija que los aspirantes deban “proveer la fundamentación y motivación para la toma de decisiones”. Una exigencia que parecería confeccionada sólo para aquellas o aquellos, cuya formación profesional sea la de abogada o abogado. Asimismo, que el Comité de Evaluación está apoyado en un consejo de sabios en materia de regulación de las telecomunicaciones que deciden, sin que se sepa el criterio de evaluación del caso hipotético, quién sí planteó bien el caso y quién no. Como si esos sabios pudieran presumir ser los máximos exponentes del éxito regulatorio de las telecomunicaciones en México. Hasta hoy no hay nadie en México que pueda presumir eso.
En mi opinión, el comité se equivoca al determinar que la nueva convocatoria sea abierta para mujeres y hombres. Todo indica que su conclusión es: el problema no es el diseño del examen, es que no hay mujeres con conocimientos para el cargo. Lo cual desde luego es una aberración.
