Gerardo Flores Ramírez
Estamos a prácticamente 10 días de que inicie el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y con ello, el inicio de la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, que se deriva de la reforma constitucional correspondiente. Asimismo, esa misma fecha marcará la pauta para la discusión de la legislación secundaria que se deriva de la reforma energética.
Conforme se acerca la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se empiezan a distinguir las estrategias, posturas, principios o intenciones de actores vinculados con el sector, ya sean operadores que hoy participan en estos sectores, analistas o académicos.
En el primer caso, está el multicitado caso de la estrategia de Telmex, consistente en escindir algunas filiales o subsidiarias para crear nuevas sociedades y transferir a éstas la propiedad de algunos activos de los que originalmente era propietaria Telmex. La preocupación de muchos, entre los que me incluyo, es que en el caso de que esta estrategia llegue a materializarse en forma exitosa, Telmex pudiera estar generando un escenario tal que anule uno de los objetivos centrales de la reforma constitucional, que es el de lograr mayor competencia efectiva en el mercado mexicano.
Digo que podría generar tal escenario porque, según la información que ha trascendido, Telmex habría tenido la intención de trasladar la propiedad de algunos activos que son afectos a la concesión original que le fue otorgada para prestar servicios de telecomunicaciones, tales como los terrenos donde se ubican centrales telefónicas o torres que forman parte de la red, incluyendo las propias centrales o torres, así
como postes o ductos, en algunos casos. Al quedar la propiedad de estos activos en manos de sociedades que no son con – cesionarias de redes públicas de telecomunicaciones y, por tanto, quedar fuera del ámbito de autoridad del Ifetel, se configuraría un escenario en el que las obligaciones que el ente regulador pretenda imponer a Telmex, particularmente en materia de desagregación de su red, tal como lo prevé la propia Constitución, resulten ineficaces o inútiles. De ocurrir ello, se estaría anulando de tajo uno de los instrumentos que el Constituyente Permanente previo para mejorar las condiciones de competencia en este sector y, con ello, generar las posibilidades de que los usuarios existentes puedan gozar de la posibilidad de tener mejores tarifas y mayor calidad en los servicios de telecomunicaciones y que millones de usuarios que hoy no pueden conectarse porque al nivel de las tarifas prevalecientes no les resulta viable, se puedan conectar.
Todo indica que se trata de una jugada estratégica bien planeada por Telmex, respecto de la cual debo indicar que este operador ha informado que no tiene el propósito que he descrito en esta contribución. Sin embargo, ello no debe ser impedimento para que el nuevo ente regulador, con plena competencia en este tema, revise y determine que ello efectivamente no ocurre.
Los mexicanos no podemos quedar expuestos a que la autoridad minimice el tema, no actúe en consecuencia y que al final resulte que la estrategia mencionada sí tenía el propósito que se ha alertado. Sería un error con un costo enorme en el bienestar de los mexicanos.
En otro tema, hay quienes afirman que es mejor dejar al Ifetel con las facultades que le asigna la Constitución y no emitir la legislación secundaria para evitar riesgos de captura.
Tremendo favor que le hacen a los jugadores con poder de mercado.
*El autor es Senador de ¡a República.
