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IFT: la burocracia dorada

vía El Economista.

El 13 de septiembre de 2022, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en CompraNet, la plataforma oficial de compras gubernamentales federales, el proyecto de convocatoria a licitación pública, con número PC-043240999-E75-2022, para la contratación de un “Defensor de oficio al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para los presuntos responsables que lo requieran, por la comisión de faltas administrativas no graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

De acuerdo con el Anexo 1 del proyecto de convocatoria publicado, los servicios que pretende contratar el IFT consisten, en esencia, en la asesoría y representación jurídica de “servidores públicos y ex servidores públicos” del Instituto, que tengan el carácter de presuntos responsables por faltas administrativas no graves, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La defensa de estos presuntos responsables incluirá, entre otras cosas, la asistencia legal en el procedimiento administrativo sancionador, la elaboración y presentación de recursos de revocación en contra de resoluciones sancionadoras emitidas por el Órgano Interno de Control, así como la elaboración y presentación de juicios de nulidad y juicios de amparo derivados del procedimiento administrativo sancionador.

Esto significa, básicamente, que el IFT contratará a un equipo de abogados para que defiendan en lo personal, a empleados y ex empleados del Instituto que hayan sido denunciados o investigados por presuntas responsabilidades en el desempeño de sus funciones públicas. En otras palabras, los funcionarios del IFT que hayan sido acusados por el incumplimiento de sus deberes como servidores públicos, no tendrán que gastar un solo peso de sus bolsillos para solventar su defensa legal, pues ésta será patrocinada íntegramente por el mismo Instituto; y por lo tanto, se pagará con impuestos de la propia sociedad, e incluso de la misma industria regulada por el Instituto.

Dicho de otra forma, los gobernados (incluyendo agentes económicos regulados) que se hayan considerado afectados por la falta administrativa de un servidor público del IFT, y lo hayan denunciado a la autoridad competente, también pagarán con sus impuestos, la defensa del servidor público en contra de su propia denuncia. Se trata de un juego en el que el Estado finge que se preocupa cuando la sociedad reporta las presuntas faltas de los servidores públicos, e incluso simula que los investiga y sanciona, pero finalmente paga la defensa de los presuntos responsables con el propio dinero de la sociedad que los denunció. En suma, la casa nunca pierde.

Es bien sabido que el “Estado”, al ser una construcción teórica y abstracta, fomenta la ineficiencia de sus propias instituciones. Es simple: si la responsabilidad es de todos, entonces no es de nadie. Si no hay un interés concreto o individual en juego, tampoco habrá incentivos reales para la productividad de una institución pública.

Esta realidad ha sido analizada y comprobada desde hace décadas. Los teóricos ingleses la cristalizaron en su modelo de “New Public Management”, que reconoció las deficiencias en la prestación de los servicios públicos, al compararlos con los privados, y propuso soluciones a partir de dicho contraste.

En México, basta con revisar los resultados de las empresas públicas o de las llamadas “empresas productivas del Estado”, para comprobar que son todo menos productivas. Si encima, el Estado ofrece a sus empleados una defensa legal “gratuita” cuando se les investigue por presuntas faltas administrativas, pocos incentivos quedarán para que los servidores cumplan con sus funciones mínimas; o peor aún, mantengan la objetividad e imparcialidad en la prestación del servicio público. Este riesgo es particularmente grave en un órgano constitucional autónomo, como el IFT, cuya independencia es esencial para el funcionamiento de los sectores que regula.

De acuerdo con el proyecto de convocatoria, el IFT recibirá comentarios a la misma hasta el 27 de septiembre de 2022, y luego de analizarlos, decidirá “si los incluye o no en la convocatoria a publicar”.

@gsoriag

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