La semana pasada ocurrieron dos cosas que abren una nueva oportunidad para que el Congreso discuta y apruebe las leyes reglamentarias que terminen de concretar las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones. El primer evento fue la aprobación de la legislación político-electoral que mantenía atorada en el Congreso cualquier negociación en los otros dos temas. El segundo suceso fue la victoria de Gustavo Madero en su reelección como presidente nacional del PAN.
Estos dos acontecimientos favorecen el entorno para que los legisladores ahora sí se sienten a dictaminar las leyes pendientes. La discusión del tema político-electoral era una condicionante por parte de la oposición para entrarle a los temas de energía y telecomunicaciones. Una vez aprobada ya no hay pretexto en la agenda legislativa. Por otro lado, el triunfo de Madero en el PAN hace más viable el diálogo y la negociación con el ejecutivo federal y el PRI. Sobra recordar que Madero fue de los impulsores del Pacto por México como instrumento para ejecutar las reformas estructurales.
La propia Constitución señala al 9 de diciembre del año pasado como fecha límite para la aprobación de la legislación secundaria en telecomunicaciones. Es decir, llevamos más de un semestre de atraso. Esta demora es perjudicial para el flujo de inversiones que necesita el sector para crecer. En la medida en que los concesionarios y otros potenciales inversionistas no tengan claras las reglas del juego, las decisiones de inversión y expansión de infraestructura se van postergando, con el consecuente demérito en la calidad y penetración de todos los servicios. La incertidumbre jurídica ha paralizado al sector telecomunicaciones. Al cierre del 2013 la inversión fue 27 por ciento menor respecto a lo observado el año anterior.
Así que ya no se puede esperar más. Es vital que la legislación ya se apruebe para dar rumbo y dinámica a un sector que lleva casi un año estancado. Esperemos que en los próximos días se convoque a un periodo extraordinario en el Congreso para que diputados y senadores finalmente desahoguen este asunto.
– En otro tema. Es irrelevante el periodo de 18 o 24 meses para autorizarles a los agentes económicos preponderantes la prestación de servicios adicionales. Una mayoría de cinco comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –con el voto en contra del Comisionado Presidente, Gabriel Contreras, y del Comisionado Mario Fromow- votaron por un plazo de 18 meses. Sin embargo, insisto, es irrelevante el plazo. Lo que verdaderamente importa es que una vez llegado el plazo –cualquiera que este sea- el IFT verifique que el operador preponderante haya cumplido a cabalidad con la regulación asimétrica que se le impuso. Nada más y nada menos es lo que dice la Constitución.
