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Eduardo Ruiz Vega

El jueves por la noche, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el “Ifetel”) sesionó y aprobó las declaratorias de “preponderancia” aplicables en términos de la reciente reforma a la Constitución Política en materia de telecomunicaciones (la “Reforma”), a los grupos de interés económico de Televisa y América Móvil. Ayer, ambos agentes económicos fueron formalmente notificados de la trascendental decisión, según informaron al público inversionista a través de los mercados de valores.

La “preponderancia” es una fórmula nueva, diseñada para atacar un viejo problema, el de la concentración de una actividad económica; aplica a toda empresa o grupo de interés económico que tenga el 50% más uno de participación en un mercado. La concentración ha sido calificada como un pesado lastre en numerosos estudios a nivel nacional e internacional, que reduce dramáticamente el bienestar de los consumidores de servicios de mala calidad por los que pagan altas tarifas.

En la ruta legislativa de la Reforma, la figura de la preponderancia se amplió al segmento del mercado de la radiodifusión, compuesto por las transmisiones de radio y televisión de señal abierta y gratuita. Así, como nos enteramos en un comunicado detallado, Televisa fue también declarada y regulada como agente económico preponderante en el mercado de la televisión abierta.

La importancia de los actos emitidos por el Ifetel es mayúscula. Su peso específico dependerá, sin embargo, de la profundidad y eficacia de las medidas que hayan sido impuestas. Aplica, en este caso, el dicho popular que reza “el diablo está en los detalles”. Este aspecto es nodal, como lo es el largo antecedente que preparó las condiciones para que se atendiera la necesidad de regular asimétricamente al agente económico preponderante de las telecomunicaciones, después de múltiples intentos fallidos por equilibrar el terreno de la competencia utilizando las escuálidas herramientas previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Competencia Económica.

Desde antes de la apertura del sector de las telecomunicaciones a la competencia, la cual ocurrió en 1997 en el segmento de la larga distancia, se sabía del poder de mercado de Telmex. Por ello, la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 estableció en su artículo 63 la posibilidad de que al agente económico declarado “con poder sustancial en el mercado relevante” le pudieran ser impuestas obligaciones específicas en materia de tarifas, información y calidad de servicio. Esto nunca cuajó, sino todo lo contrario. El poder de Telmex no disminuyó, el de Telcel se multiplicó y ambas han sido el manantial de recursos que ha convertido a América Móvil en un gigante a nivel mundial en la industria de las telecomunicaciones.

Por ello, lo que ha anunciado el Ifetel levanta tantas expectativas. Este órgano constitucional autónomo asumió una gran responsabilidad, pero fue dotado con todas las herramientas necesarias para lograr regular a los preponderantes, de manera tal que se pueda fomentar una competencia efectiva y equitativa. Así, como consumidores, podremos esperar una oferta más variada de servicios, mejor calidad en la prestación de los mismos, mayor atención de nuestros proveedores y, sobre todo, precios más competitivos. Si esto se logra, el crecimiento del mercado se volverá a activar, vertical y horizontalmente y podremos aspirar, como lo plantea la Reforma, a integrarnos como país a la llamada era de la información.

En el ámbito de la radiodifusión, o más bien de la televisión abierta, la declaratoria de Televisa se suma a medidas que ya habían sido adoptadas por mandato constitucional, como las reglas para la retransmisión gratuita de las señales de televisión radiodifundida y la licitación de dos nuevas cadenas de televisión digital terrestre. En este segmento la lógica que persigue la política pública es diferente, ya que el servicio es gratuito para la población. Es una lógica más que de competencia, yo diría, de pluralidad de contenidos, de apertura en la expresión y difusión de las ideas y obras audiovisuales.

El Ifetel cumplió con la emisión de las declaratorias y la imposición de obligaciones dentro del plazo establecido por la Reforma. Resulta pertinente anotar, teniendo en el horizonte el inicio del proceso de discusión de la iniciativa de legislación secundaria para el sector, que en este caso, la forma no es fondo. Esperemos que las medidas impuestas por el Ifetel puedan modificar la orografía del mercado mexicano de las telecomunicaciones. Hasta el momento, la información que ha sido revelada, no nos permite concluir si este objetivo podrá ser alcanzado.

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