Vía Expansión
En un esfuerzo por abordar el creciente problema de las extorsiones telefónicas en México, la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juanita Guerra Mena, ha presentado una polémica iniciativa que busca obligar a las empresas de telecomunicaciones a cancelar líneas telefónicas denunciadas por presuntos actos de extorsión. Aunque la propuesta tiene como objetivo combatir el delito, ha generado un intenso debate sobre la privacidad de los usuarios y la efectividad real de esta medida.
Según la propuesta, las compañías de telefonía, entre ellas Telcel, AT&T y Telefónica, estarían obligadas a proporcionar una lista mensual de líneas telefónicas reportadas por presuntos actos de extorsión a la Fiscalía General de la República (FGR). Una vez recibida la lista, la FGR tendría el poder de ordenar la cancelación inmediata de estos números telefónicos. Además, la iniciativa también busca bloquear smartphones que hayan sido reportados como robados, utilizando para ello registros del código de identidad del teléfono móvil, conocido como IMEI.
El delito de extorsión telefónica ha aumentado en los últimos años. Según la propuesta de Guerra Mena, solo en la Ciudad de México se realizan anualmente 3.7 millones de llamadas de extorsión, lo que equivale a 7,000 llamadas diarias.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló en su estudio Monitor de Seguridad, basado en resultados de enero a abril de 2023, que los estados de México, Baja California Sur y Colima son los principales focos de delitos de extorsión. Estas llamadas, que en su mayoría se realizan desde cárceles, han demostrado ser un desafío para las autoridades, a pesar de los intentos de implementar sistemas de bloqueo de teléfonos celulares.
Sin embargo, críticos de la iniciativa argumentan que, aunque bien intencionada, podría tener efectos contraproducentes. Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advierte que la cancelación automática de líneas telefónicas y dispositivos móviles dificultaría la investigación y el seguimiento de las personas detrás de las llamadas de extorsión. Además, señala que la falta de filtros adecuados para evaluar los motivos de un reporte de número telefónico podría llevar a la cancelación injusta de líneas.
“Puedes dejar desconectadas a varias personas mientras que los que se dedican a estos delitos pueden comprar más teléfonos y chips para seguir delinquiendo”, dijo el especialista de R3D.
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La asociación de operadores móviles a nivel internacional (GSMA, por sus siglas en inglés), que es la encargada de la base de datos de IMEI, dijo a Expansión que la lista de dispositivos reportados no especifica la razón del bloqueo de un teléfono. AT&T también ha expresado su preocupación, argumentando que solo dan de baja números telefónicos en casos de extorsión cuando una entidad autorizada, como la Fiscalía, lo solicita de manera legal. La iniciativa de la diputada podría llevar a la cancelación masiva de líneas telefónicas sin un debido proceso.
Otra controversia surge en relación con otra de las propuestas de la iniciativa de la diputada Guerra Mena de pedir a los usuarios de líneas de prepago que proporcionen información personal a las empresas de telefonía a través de una identificación oficial, como la credencial del INE o, de lo contrario, cancelar la línea.
Las líneas de prepago al no contar con un registro específico de los usuarios se les han considerado como las principales sospechosas de actos de extorsión. Pero la propuesta plantea preocupaciones sobre la privacidad y la posibilidad de que algunas personas decidan quedarse sin línea para proteger sus datos.
El gobierno mexicano ha intentado, a través de varias propuestas de ley, acceder a los datos de los usuarios de telefonía del segmento de recarga que en la actualidad son ocho de cada diez consumidores. El llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), había sido, hasta ahora, la última apuesta para lograr el registro de los 114.9 millones de mexicanos de recarga, pero fue desechada al considerar violatoria de la privacidad.
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La iniciativa de la diputada Juanita Guerra Mena ha reavivado el debate sobre cómo abordar eficazmente el problema de las extorsiones telefónicas sin comprometer la privacidad y los derechos de los usuarios. Aunque el objetivo de combatir este delito es loable, los especialistas consultados coinciden en que es evidente que se requiere un enfoque que considere tanto la seguridad como los derechos individuales.
