Vía Diaro 24 horas
El atentado contra la radio y la televisión privada es real.
La amenaza de control proviene de un funcionario con poder y a cargo de políticas mayores del gobierno para el sector.
Este razonamiento es del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), cuya opinión parte de datos proporcionados en esta columna.
Ayer dimos a conocer la instrucción de Palacio Nacional de elaborar un proyecto para normar las políticas editoriales de los medios de Estado.
Al frente de la nueva estrategia está, naturalmente, el vocero presidencial Jesús Ramírez, pero él la ha delegado en Gabriel Sosa Plata, investigador universitario y supuesto defensor de las audiencias de Canal 22.
Es más conocido por sus mensajes en redes sociales, uno de los cuales fue usado por él en defensa de los cuestionados libros de texto gratuito.
Difundió:
“Si así como se están revisando los libros de texto gratuito hacemos el mismo ejercicio de revisar los contenidos de la radio y la televisión y vemos quien tiene más errores, quien violenta más derechos humanos, quien engaña o manipula”.
Tema para la Mañanera.
UNA AMENAZA OFICIAL
¿Postura personal?
No.
Es funcionario público y por ello reaccionó ayer el consejo directivo del Idet, presidido por Gerardo Soria Gutiérrez.
Esta es parte de su opinión:
“…la recomendación realizada por el mencionado servidor público resulta alarmante y deviene en expresión desafortunada dado que exhibe las peligrosas tentaciones de censura…”.
Esas tentaciones “permean entre personas directamente involucradas en la operación y quehacer cotidiano de los medios públicos y por ende de la actual administración”.
Atenta contra la libertad de opinión consagrado en el artículo 6 de la Constitución y contra “los contenidos que se transmiten a través de los programas de las estaciones de radio y televisión privados, particularmente los de ámbito comercial”.
A la vez, el Instituto reivindica el derecho a analizar el contenido de los nuevos libros de texto y jurisprudencias para garantizar la libertad de opinión.
RENUNCIA Y DENUNCIA
1.- En el Frente Amplio por México no deben darse por sorprendidos.
Abrieron de par en par las puertas a muchos y se inscribieron personajes de todo tipo y varios sin demostrar arraigo popular.
Era cuestión de tiempo para la bomba.
El lunes se fueron dos, el panista Jorge Luis Preciado y el ciudadano José Jaime Enríquez, y el perredista Miguel Ángel Mancera amenaza con rebelión si no califica a las siguientes etapas.
La máxima es simple:
-Si no cumples los requisitos, renuncia y descalifica el proceso.
Es una vieja historia: panistas, priistas y perredistas emigran cuando les dejan de dar cargo –Preciado ha sido varias veces legislador, coordinador senatorial y perdedor a la gubernatura de Colima- y acusan a la dirigencia.
¿Acaso no vieron venir el fenómeno Xóchitl Gálvez?
Con su crecimiento, ¿cuál manipulación?
Y 2.- El programa Sembrando Vida no puede terminar con el sexenio ni seguir igual.
Hace falta un proyecto alternativo para el campo y para la producción alimentaria, dijo Hugo Raúl Paulín Hernández, subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar.
El beneficio a 450 mil campesinos incorporados al programa y el millón de hectáreas productivas en 18 mil comunidades debe ser apenas el principio, consideró.
