Vía Consumo TIC
Luego de que en marzo pasado la industria de las telecomunicaciones fuera enfática en que antes de licitar espectro adicional, es necesaria una reducción significativa en las cuotas anuales del pago de derechos por el uso de este recurso, la consulta pública sobre el proyecto de bases de la licitación IFT-12, crucial para el despliegue de servicios 5G en México, ya no está contemplada para este año.
Y es que de acuerdo con el Calendario de Consultas Públicas 2023, que está a disposición en el sitio web del órgano regulador, dicha consulta, que hasta mayo pasado aparecía programada para julio de 2023, cambió su estatus para 2024, aunque sin precisar el mes en el que se realizaría.
Este cambio se da en un momento importante para el sector de las telecomunicaciones, pues el 8 de septiembre próximo el Ejecutivo entregará el Paquete Económico 2024, que implica el análisis y discusión de la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se establecen los cánones anuales por el uso del espectro radioeléctrico.
De cara a este proceso y tras enfrentar la devolución de espectro por parte de Telefónica y AT&T México, además de una licitación desierta y concursos con bajo interés por los altos costos de este recurso, el IFT propone establecer cuotas de derechos alineadas con el valor internacional, así como un esquema temporal para que los operadores paguen el 1.0 por ciento de sus ingresos por servicios de telefonía e internet móviles.
En México, las cuotas establecidas en la LFD son el principal factor del alto costo del espectro radioeléctrico, ya que llegan a superar el 90 por ciento del costo total de las bandas de frecuencias para implementar sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), desplazando a las licitaciones públicas como el instrumento definido en la Constitución para la asignación de este recurso.
Datos del IFT señalan que únicamente tomando en cuenta los derechos, las bandas de frecuencias asignadas son 35 por ciento más costosas que la valuación del mismo espectro utilizando las referencias internacionales.
Es así que por años, México ha sido conocido como el país donde la mayor parte del costo del espectro radioeléctrico de las bandas de frecuencias asignadas representa un costo fijo para los operadores que se concentra en el pago de derechos.
Esta situación es reconocida por el IFT al asegurar que crea una inflexibilidad sustancial para que competidores de menor tamaño, distintos al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) puedan ajustar sus costos.
Y es que mientras Telcel, que forma parte del AEPT paga 4.12 por ciento de sus ingresos anuales por el uso del espectro, su principal competidor, AT&T, paga el 11.62 por ciento, lo cual ha creado una desventaja en costos sustancial.
La licitación IFT-12, a través de la cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca colocar en el mercado bandas de frecuencia idóneas para el despliegue de servicios 5G en México, ya fue motivo de una consulta pública para recabar información para el diseño del proyecto de las bases del concurso.
En dicho proceso, que concluyó en marzo, AT&T México expresó que en tanto no cambien las circunstancias relacionadas con los altos costos del espectro radioeléctrico, no estaría en condiciones de participar en una nueva licitación como la que planea realizar el IFT, ante lo cual garantizará la prestación de sus servicios y el despliegue de su red 5G con la bandas de frecuencia que ya posee.
Sin embargo, los altos costos del espectro radioeléctrico no son el único problema a resolver, pues se adiciona la situación en la que se encuentran los operadores móviles en el país y las condiciones de falta de competencia efectiva que prevalecen.
En ese escenario, expuso la empresa, es claro que no existen condiciones para realizar una licitación como la que planea el IFT para colocar en el mercado diversas bandas de frecuencia idóneas para el despliegue de servicios 5G en México.
En dicha consulta pública, AT&T México enfatizó que si el IFT resolviera llevar a cabo la Licitación IFT-12 sin que cambien las condiciones que actualmente rigen el mercado de las telecomunicaciones móviles en México, es altamente probable que el único operador capaz de participar y comprar espectro adicional sea el AEPT.
Y es que, además de tener el 70 por ciento del mercado, Telcel es el mayor tenedor de espectro radioeléctrico en México, por lo que cualquier licitación para servicio móvil llevada a cabo en el corto plazo traería como efecto una mayor distorsión en el mercado móvil, como consecuencia del acaparamiento de este recurso que tendría lugar y el consecuente incremento de la preponderancia de este operador.
Por su parte, la Canieti aseguró que es indispensable que se revisen y reduzcan los costos del espectro para permitir que sea el mercado el que determine los costos, estimular la participación y demanda por espectro en los procesos de licitación, así como evitar que este recurso no se asigne; y promover la inversión y el despliegue en redes de telecomunicaciones.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (Canieti) refirió cómo esta problemática ha sido señalada por organismos internacionales como la OCDE, que en su reporte “Developments In Spectrum Management For Communication Services”, detalla cómo el modelo híbrido mexicano genera desventajas importantes respecto a los mecanismos que usan el resto de los países miembros.
De entrada, genera incertidumbre e ineficiencia para asignar las frecuencias, por ejemplo, desincentiva la participación en subastas dejando frecuencias sin asignar como sucedió en las licitaciones de 2021 en las bandas de 800 MHz y 2.5GHz, con 38 bloques desiertos de 41 licitados, generando pérdidas tanto a los consumidores como al Estado.
Para la GSMA, es fundamental revisar y reformar la LFD en materia de espectro, pues de no hacerlo el costo total de este recurso seguirá creciendo, limitando la capacidad e incentivos de los operadores para mejorar los servicios de telecomunicaciones y desplegar nuevas tecnologías.
“Si no hay reformas a la normatividad que regula el pago por tenencia espectral en México, además de una certidumbre en la forma para calcular las contraprestaciones con motivo de las renovaciones de los títulos de concesión actuales, el costo total del espectro seguirá creciendo, limitando la capacidad e incentivos de los operadores para mejorar los servicios y desplegar nuevas tecnologías”.
