Una vuelta al pasado en telecom

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El Senado de la República nombró a Gabriel Contreras como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por el plazo que le resta a su cargo como comisionado del instituto, así es que a él le tocará encabezarlo durante los primeros años de la próxima administración federal. El comisionado Contreras obtuvo el voto de más de las dos terceras partes de los senadores y la diferencia entre los votos obtenidos por Contreras y los votos a favor de su más cercana rival, la comisionada Estavillo, fue de tal magnitud, que la designación del presidente Contreras está plenamente legitimada.

Además del reto que puede implicar la coordinación con la próxima administración, el presidente Contreras habrá de liderar los trabajos del IFT en un momento en que los amparos interpuestos por Telmex y Telcel están empezando a modificar elementos esenciales de la reforma en telecomunicaciones. Por ejemplo, a raíz de la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de la mal llamada “tarifa cero”, la integridad y consistencia lógica de varias disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de tarifas de interconexión se han visto afectadas.

Así, el artículo 137 de la LFTR prevé que el IFT debe publicar en el Diario Oficial de la Federación, en el último trimestre del año, las condiciones técnicas mínimas y las tarifas que hayan resultado de las metodologías de costos emitidas por el instituto, y que estarán vigentes para el año calendario inmediato siguiente. En tiempo, el IFT sometió a consulta pública el anteproyecto de condiciones técnicas mínimas para interconexión y las tarifas que resulten de los modelos de costos. La consulta inició antes de la resolución de la Suprema Corte, por lo que el anteproyecto no hace referencia alguna a la eliminación de la “tarifa cero” por la terminación de llamadas en la red de Telcel; consecuentemente, se desconocen los detalles del modelo de costos que el IFT utilizará para determinar las tarifas de interconexión por terminación de llamadas en la red del preponderante. Existe el riesgo latente de que el modelo de costos aplicable a Telcel y el modelo aplicable a los competidores sea el mismo y la asimetría en tarifas se vea reducida drásticamente respecto de la que ha prevalecido durante casi cuatro años y que permitió una importantísima reducción en los precios al usuario final. Hay que estar pendientes de los trabajos del IFT en esta materia.

Otro de los grandes temas que pueden entorpecer el desarrollo de la competencia es la eventual eliminación de la prohibición del “efecto club” por parte de la Suprema Corte. Esta prohibición, establecida en la LFTR, determina que el preponderante no podrá discriminar en precio entre las llamadas dirigidas a usuarios de su propia red de aquellas dirigidas a usuarios de otras redes. En sesión del 26 de abril del 2017, el ministro Pardo Rebolledo presentó un proyecto de sentencia a la Primera Sala respecto del amparo en revisión 717/2016, en que le negaba el amparo a Telcel sobre la prohibición del “efecto club”; sin embargo, la mayoría de los ministros votó en contra y desecharon el proyecto por considerar que la prohibición del “efecto club” sí es inconstitucional y turnaron el asunto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien comparte este último criterio. Así es que todo indica que esta medida asimétrica para regular al preponderante correrá la misma suerte que la “tarifa cero” y, en principio, Telcel podrá volver a discriminar entre las llamadas dirigidas a sus clientes y las dirigidas a los clientes de sus competidores.

Por si fuera poco, existen aún decenas de amparos de América Móvil en contra de diversas medidas de regulación asimétrica, entre ellas la obligación de someter sus tarifas al público a la autorización previa del IFT. De seguir con los mismos criterios, poco a poco la reforma más exitosa del presidente Peña Nieto acabará tan descafeinada que de reforma tendrá ya muy poco. Al preponderante le ha tomado cuatro años empezar a desmantelar la reforma, pero ya está en curso una inminente vuelta al pasado.

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