2019-04-02
Los problemas estructurales que ocasionaron los problemas de concentración en telecomunicaciones siguen ahí.
En mi artículo de la semana pasada, cuando me referí a la preocupante modificación que haría el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con respecto a algunas fechas de eventos (o hitos, como les llama el regulador) de la medida conocida como “separación funcional” de Telmex, mencioné que ello ocurría en el contexto del inicio de la consulta pública en torno a la efectividad de las medidas asimétricas impuestas a los agentes declarados como preponderantes, en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, respectivamente.
Pues bien, en efecto, el pasado mes de marzo se cumplieron dos años de que el IFT emitió las resoluciones por las que estableció las nuevas medidas de preponderancia a estar vigentes durante el siguiente periodo bienal. En el sector telecomunicaciones, como señalé en la colaboración que cité, la medida asimétrica más relevante fue la decisión de imponer la separación funcional de Telmex. La revisión de la efectividad de las medidas de preponderancia se trata, desde mi punto de vista, de la acción regulatoria más importante que tiene a su cargo el IFT, después de la declaratoria de agentes preponderantes que adoptó en marzo del 2014. Ahora bien, también desde mi punto de vista, si bien hemos sido testigos de avances significativos en diversas variables, como la disminución de los precios de los servicios de telecomunicaciones y el incremento notorio en el número de usuarios de los servicios de banda ancha, los problemas estructurales que ocasionaron los problemas de concentración que aún observamos en México siguen ahí.
Las prácticas anticompetitivas del agente preponderante en el sector telecomunicaciones siguen presentes. Ahí está el reconocimiento explícito del órgano regulador en su resolución de medidas de preponderancia de marzo del 2017, en el sentido de que las medidas asimétricas impuestas a América Móvil en el 2014 no habían permitido alcanzar una mayor penetración de servicios de telecomunicaciones, particularmente en aquellos de mayor relevancia para los usuarios finales, como lo es el servicio de banda ancha fija. Asimismo, que si bien el número de suscriptores de ese servicio había crecido 9.3% entre junio del 2013 y junio del 2016, ello obedecía al crecimiento que habían tenido los operadores distintos al preponderante a pesar de contar con un acceso sumamente limitado y lento a los servicios de desagregación que debía ofrecerles Telmex, pues éste mantenía incentivos de retardar las negociaciones y aumentar los costos de transacción de los solicitantes, al no proveerles de manera oportuna toda la información relacionada con su red. En ocasiones anteriores lo he expresado aquí, el problema con la efectividad de las medidas de preponderancia es su defectuosa supervisión y peor aún, la casi nula sanción sobre el incumplimiento de las mismas. Se trata de una deficiencia que, respetuosamente lo digo, el IFT ha sido incapaz de corregir. Mientras ello no ocurra, la amenaza de vuelta a un pasado donde las prácticas anticompetitivas por parte del hoy preponderante eran más ostentosas y el consecuente riesgo de que se vuelva a intensificar el problema de la concentración, siguen latentes.
No sería nada extraño que en la consulta pública sobre la efectividad de las medidas de preponderancia, los competidores del preponderante le hagan notar al órgano regulador, como en la primera revisión bienal del 2016, la notoria ausencia de sanciones o la lentitud para que se resuelvan los expedientes de las denuncias que se han presentado por el incumplimiento de las medidas de preponderancia o de los títulos de concesión. Es indebatible que ésa es un área en la que el IFT debe mejor de manera sustantiva.
Sobre la separación funcional
Tal como anticipé aquí la semana pasada, el pleno del IFT resolvió con extraña diligencia la modificación de algunas fechas intermedias dentro del proceso tendiente a poner en marcha la separación funcional de Telmex. La señal es muy preocupante. El activismo del sindicato de telefonistas y de la empresa, para involucrar a la Secretaría de Gobernación fue evidente.
