Después de superada la discusión en torno a la reforma político-electoral aprobada en ambas cámaras del Congreso la semana pasada, el desafío que el Poder Legislativo tiene ahora frente a sí tiene que ver con retomar la discusión en torno a la legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión.
Se trata de un tema que desafortunadamente quedó atrapado entre los desencuentros al interior de un grupo parlamentario en el Senado y una postura radical de otro de ellos, que a muchos analistas del sector dejó con la idea de que más que tener argumentos sólidos en torno a la iniciativa del presidente Peña Nieto y del anteproyecto de dictamen propuesto a la comisiones unidas, lo que buscó y logró, fue retrasar la discusión conforme al calendario que previamente había sigo aprobado por las comisiones unidas involucradas.
La coyuntura bajo la que se retomará esta discusión es muy conveniente, pues mientras que en el Congreso no podemos ponernos de acuerdo para avanzar a mayor velocidad en la discusión y aprobación de la legislación secundaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones adopta decisiones que ponen en riesgo en forma importante los objetivos que los distintos partidos políticos se plantearon al discutir y aprobar por consenso la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que entre otras cosas, dio vida al IFT, para que con un grado de autonomía sin referente a nivel mundial, pudiera regular con consistencia y credibilidad a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Ahí está la más reciente decisión en torno a los lineamientos para la autorización la prestación de servicios adicionales a los actuales concesionarios, en la que una mayoría de cinco comisionados del IFT estableció un plazo de 18 meses de espera para autorizar a Telmex el servicio adicional de televisión. En teoría, dicho concesionario deberá acreditar haber cumplido con las obligaciones que le impuso este órgano regulador en su calidad de agente económico preponderante. Por denuncias de Telefónica Movistar, hechas del conocimiento público hace cerca de un mes o más, se sabe que este operador o Telnor, su concesión espejo en Baja California, se ha negado a cumplir con las obligaciones en interconexión que le impuso IFT en marzo pasado.
Se trata de un desafío central a la reforma constitucional y se trata de un tema que justamente motivó la misma: el excesivo poder de este agente económico para desafiar las resoluciones de la autoridad e imponer en el mercado las condiciones que le vienen en gana, en contra del bienestar de la gente. A tres meses de que se le impusieron las obligaciones como agente preponderante, el mercado de telecomunicaciones sigue exactamente igual que antes de la reforma. El excesivo poder de este agente sigue ahí y se incrementará una vez que se le autorice el servicio de televisión.
En el caso de las denuncias de Telefónica, se trata de un expediente del que hoy se desconoce qué actuaciones ha tenido el órgano regulador, por lo que se antoja difícil o improbable que al término del plazo de 18 meses, esa mayoría de cinco comisionados tenga el empuje para sancionar el incumplimiento de las obligaciones que le impuso como agente preponderante y en consecuencia, niegue a Telmex la autorización del servicio adicional de televisión. Es decir, prácticamente es cuestión de que corran las manecillas del reloj para que la reforma constitucional encalle. Por ello la legislación secundaria ya es impostergable.
*El autor es Senador de la República.
