Regulación de AM, ¿acuerdo o imposición?

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Alicia Salgado | Dinero en Imagen | 17 Agosto 2015

El pasado 14 de agosto concluyeron casi todos los periodos de consulta que abrió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),que preside Gabriel Contreras, sobre diversos ordenamientos.

Llama la atención el comentario de modificaciones al “Anteproyecto de acuerdo mediante el cual se expide la Disposición Técnica IFT-001-2015: especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión sonora en amplitud modulada”, que realizó la CIRT, que lleva Edgar Pereda Gómez.

Tiene un elemento clave: no todos los concesionarios de AM transitarán a la tecnología IBOC-AM, porque no tienen interés y porque saben que su cobertura se achicará.

Y mire, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el gran capítulo olvidado es el de la radio. Sin ley, las decisiones que se han tomado sobre esta industria se basan en 1) el “Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital”, que en lo sucesivo se conoció como “Acuerdo de AM a FM “, publicado el 15 de septiembre de 2008 en el DOF, y 2) otro acuerdo del 16 de junio de 2011 en materia de digitalización de señales de radio AM y FM, que disque otorgó estímulos fiscales a las empresas.

En la actual consulta, deliberadamente el IFT no le entró a los temas espinosos: 1) separación de frecuencias, 2) la devolución del espectro de AM cuando se ha transitado a FM y 3) la fragmentación y disminución de la señal de radio cuando se transita a FM. Temas sustantivos para dar certidumbre a inversiones.

Tanto el IFT como la Subsecretaría de Comunicaciones desde que estaba a cargo deRafael del Villar, y a su paso por Gabriela HernándezHéctor Olavarría e Ignacio Peralta le dieron prioridad al llamado apagón analógico en televisión digital, y en diseñar el proceso de sustitución de receptores en los hogares más pobres del país, y nunca atendieron el mismo tema en la industria de la radio.

Le dan tan poca importancia que en el informe estadístico del IFT correspondiente al IV trimestre, no hay una sola referencia estadística a la industria. Sólo en su buscador aparece un cuadro interesante: de las 52 estaciones que fueron autorizadas para hacer la transición, sólo ocho están en operación, 26 en instalación y el resto, simplemente, no operan.

Lo que se sabe es que hay unos 120 concesionarios comerciales con 329 estaciones al cierre de 2014, y la gran mayoría no quiere transitar, no por devolver señal, sino por perder cobertura.

Según Ignacio Espinosa Abonza, quien ha sido un activo promotor de la radio educativa en México y constructor de varias estaciones de radio, al 30 de marzo de 2013 había 855 estaciones de AM, de las cuales 759 eran comerciales y el resto públicas, y para el 28 de abril del 2015 el total de concesiones se redujo a 402, de las cuales 329 son comerciales y el resto públicas.

¿Alguien puede explicar qué fue lo que provocó dicha consolidación en tan sólo tres años? ¿O acaso tendrán razón algunos que señalan que así como desaparecen los concesionarios aumentan las transmisiones ilegales? Si esto es real, usted ¿no adivina que es resultado del fracaso de la política y la desatención a lo que dicen los empresarios? Ahí se la dejo.

De Fondos a Fondo

Hoy, al mediodía, el presidente Enrique Peña promulga la Reforma Constitucional de Disciplina Financiera Subnacional y reenvía al Congreso las propuestas para la iniciativa de Disciplina Financiera que formaba parte del decálogo de diciembre de 2012, mismo que se atoró tres años en el Congreso hasta que hubo acuerdo entre el Senado y Diputados de cómo se evaluaría y decidiría el rescate de un estado y la posibilidad de que éste sea supervisado en su proceso de consolidación fiscal por la Secretaría de Hacienda, que encabeza Luis Videgaray, y una Comisión Bicameral, con pleno respeto a la soberanía del estado en cuestión.

Hace unos días se comentó que el banquero Carlos Septién
había sido contratado por Mario Laborín, presidente de ABC Banco, para dirigir a la entidad financiera. No es cierto.

Platicaron, sí, pero Septién decidió aceptar, desde hace un mes, la propuesta de José Carlos Pérez, presidente del Grupo Diagnóstico Proa (que integra marcas como Chopo, Carpermor, Imagenus, Siglo XXl y otras ), que es, hoy por hoy, el mayor laboratorio de análisis clínicos y de gabinete en el país con más de 200 sucursales en nueve estados de la República Mexicana. ¡Él tiene el reto de cubrirla toda!

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