OTT, entretenimiento y ¿protección civil?

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Los servicios de audio y video bajo demanda, conocidos en el argot de la industria de telecomunicaciones y medios como servicios Over The Top (OTT) se están convirtiendo en una vía popular para obtener contenido audiovisual. Una encuesta publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el pasado agosto encontró que ya casi un cuarto de los mexicanos consumidores de contenidos audiovisuales, 26% para ser precisos, lo hacen a través de internet.

Por otro lado, la cantidad de personas suscritas a servicios de video OTT está creciendo rápidamente. La consultora The CIU indicó en un estudio publicado el mismo mes que hacia inicios de 2012 la cantidad de suscriptores en estas plataformas era de alrededor de 600 mil usuarios y hacia mediados de este año la cantidad de suscripciones ha crecido hasta 7.4 millones. De todos ellos, alrededor del 70% consume dicho contenido por medio de dispositivos móviles.

Esto implica que para una cantidad creciente de personas, la combinación de servicios OTT y dispositivos móviles es la manera natural para ver video y audio. Esto hace que dichos servicios y las empresas que los soportan enfrenten crecientes responsabilidades. Si una persona escucha música a través de una app de música y se dispara una alerta sísmica, ¿debería dicho servicio tener obligación de interrumpir el contenido para informar al usuario?

En esencia las empresas sirven de plataformas para servicios digitales se asumen como vías de agregación y distribución de contenido sin asumir responsabilidades ajenas a proveer un servicio estable. Sin embargo, a medida que más personas basan sus vidas en torno estos servicios, sus responsabilidades aumentan. En otoño del año pasado, tras revelaciones sobre el uso de Facebook como herramienta para diseminación de información falsa, el primer impulso de Mark Zuckerberg, su fundador, fue desdeñar los señalamientos… para meter reversa el pasado septiembre, “después de la elección hice comentarios donde dije que la idea de que desinformación en Facebook habría alterado el resultado de la elección era una locura. Lo que dije fue un error y lo lamento”, dijo un contrito Zuckerberg.

En México las empresas radiodifusoras, es decir de televisión y radio abierta, deben cumplir requisitos y regulaciones que aseguren no sólo la disponibilidad del servicio, sino la calidad de los contenidos. De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT, pero también la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional Electoral tienen capacidades de regulación en sus actividades. Estas regulaciones tienen van del tipo de contenidos que se pueden emitir a horas determinadas hasta obligación para emitir mensajes de protección civil. El más conocido es la alerta sísmica que se transmite en el Valle de México cuando un sismo se aproxima a la ciudad.

¿Cuál debería ser el papel de los OTT en caso de emergencia? De momento es un debate abierto. Al no usar espectro radioeléctrico, estos servicios no requieren concesión del Estado mexicano para operar ni cumplir con la regulación mexicana en materia de contenidos, lo que incluye opciones de accesibilidad para personas con alguna vulneración en su sentido de la vista o el oído. Al residir en servidores que pueden hallarse en cualquier del mundo estos servicios no suelen tener siquiera una oficina de representación en territorio nacional, por lo que cualquier regulación hacia ellos sería, en el mejor de los casos, muy difícil de implementar.

Alguien podría decir que la mejor estrategia en este caso sería dejar que las empresas se adapten a las condiciones del mercado nacional. Otros podrían señalar que estas empresas todavía representan nichos pequeños de mercado que no vale la pena regular. Sin embargo, todo indica que una cantidad muy importante de televidentes trasladarán su consumo de contenidos audiovisuales hacia internet, en buena medida recurriendo a servicios OTT. Así, el rol de estos proveedores cambiará y demandará una mayor colaboración entre las autoridades de las naciones donde tales empresas ofrecen sus contenidos.

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