Gerardo Soria | El Economista | 2 Junio 2015
El viernes 29 de mayo, el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la recomendación que hizo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre el tan controvertido proyecto de la red compartida mayorista. La recomendación no tiene desperdicio y viene a dar algo de luz sobre un proyecto en donde, hasta ahora, todo ha sido incertidumbre y opacidad.
Desde su gestación en el Consejo Rector del Pacto por México, al que Molinar Horcasitas presionó para que se incorporara el entonces proyecto personal de Mony de Swaan, Luis Lucatero, Juan Ludlow y otros ex funcionarios de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, la red compartida mayorista ha venido dando tumbos, mientras la SCT trata de encontrarle algo de sentido y rumbo a este mandato constitucional. Desde junio del 2013, en que el Pacto por México monopolizó la totalidad de la banda de 700 MHz para un proyecto que si no es bien manejado puede implicar el regreso del Estado como operador de telecomunicaciones, lo que ha privado en la industria es reserva y cautela ante eventuales distorsiones de mercado.
Si bien estas distorsiones no se han materializado aún, porque la red compartida aún no existe, ya hay señales graves sobre la ausencia de neutralidad competitiva. Sólo a manera de ejemplo: los derechos que están obligados a pagar los operadores privados por espectro de menor calidad son mucho más altos que los que pagará esta red paraestatal por el espectro más valioso en el mundo para servicios de Banda Ancha Móvil de cuarta generación.
Ante el silencio de la SCT y del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Consultivo viene a dar una cátedra de transparencia y rumbo. Desafortunadamente, sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes, pero tienen el peso de su razón y de la divulgación que podamos dar los que creemos en ella.
La recomendación tiene 15 propuestas muy puntuales, de las que por su importancia me permito destacar las siguientes:
(I) “Someterse a un régimen de neutralidad competitiva. En específico se recomendó revisar los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos para cumplir con este precepto”; es decir, los derechos que pague la red compartida deben ser por lo menos iguales a los que paguen los operadores privados, y para eso hay que modificar la ley. Espero que la SCT le haga caso al Consejo Consultivo, aunque lo veo difícil, ya que se cuenta que contrató como consultor a Luis Lucatero, quien desde el IFT cabildeó por cero derechos para su red compartida.
(II) “Emitir lineamientos ex ante que otorguen certidumbre sobre las conductas o situaciones que el operador de la red compartida mayorista pudiera realizar y que serían dañinas a la competencia y funcionamiento eficiente de los mercados”.
(III) “Obligar a publicar sus precios de manera desagregada, sujetándose a reglas de no discriminación, no pudiendo discriminar entre sus precios en zonas donde es el único proveedor y donde actúa en competencia”.
(IV) “No permitir la participación en la licitación de operadores de telecomunicaciones que ya tienen operaciones en México. También se recomienda excluir como posibles postores a aquellas empresas suministradoras de elementos clave de red”. Esta recomendación va a sacar ronchas, pero hace sentido. De los más de 40 interesados de los que habla la subsecretaria Mónica Aspe, la gran mayoría son vendedores de equipos. Los proveedores de equipo lo que quieren es vender, lo que pase a futuro con la red les importa muy poco.
Algo similar a lo que ha hecho el Consejo Consultivo es lo que la industria espera del IFT, como órgano regulador de la industria y la competencia.
