El pasado 4 de junio cuatro senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV), que en su artículo segundo transitorio prevé un procedimiento para que los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio AM del país puedan usar, adicionalmente y en los casos en que técnicamente sea posible, una frecuencia en la banda de FM. Se autorizarían así las llamadas estaciones “COMBO”.
Dada la trascendencia del tema, de inmediato ha surgido la polémica; ya tenemos quienes apoyan la iniciativa y también quienes, furiosamente, la atacan, ataques a los que se suma, como ya es habitual, la descalificación personal, en este caso en contra del senador Beltrones.
Al paso de los años, ha quedado claro que esta crítica no es aislada; atrás, existe una visión integral que busca cambiar el modelo de la radio y televisión en México. Hasta la fecha (cada vez más débilmente) este modelo se sustenta en que el servicio de radiodifusión, de interés público, lo prestan los individuos/particulares, en un esquema de libertad, creatividad, diversidad, responsabilidad social, inversión propia, entretenimiento y financiamiento vía publicidad. En paralelo, se cuenta con una radiodifusión pública y otra netamente cultural, cuyos contenidos y modos de financiamiento ocupan, cada una, un espacio real, diverso, libre y necesario.
El nuevo modelo, en contraste, busca inhibir la radiodifusión individual, llevarla a un estado anémico y, si ello es posible, a su extinción. A cambio, busca privilegiar, a través de diversos mecanismos, la radiodifusión colectiva y la pública (también la burocrática). Más que desconfianza, subyace animadversión.
El enfoque es incorrecto. La tensión no cabe entre la radiodifusión privada versus la pública y colectiva; eso es canibalismo sin sentido, destruir lo alcanzado. La tensión está hacia otras formas de comunicación novedosa, ya preponderantes, que compiten directamente con la radiodifusión y que –al menos a una buena parte de ella- la lleva a una situación financiera preocupante. La dialéctica no es si sobrevive la privada sobre la pública y colectiva o a la inversa, todas las formas deben ser apoyadas sin avaricia, con visión de futuro y sin ciegos resentimientos personales. Revisar, corregir, fortalecer, no destruir; elegir al verdadero contrario. Una radiodifusión moderna y competitiva, concesionada y permisionada, es el único camino. Téngase presente que el público en general gusta o no de un servicio en su conjunto, entre más rico sea éste más atractivo es el servicio.
A no dudarlo, los opositores a la radiodifusión privada han sido muy exitosos. El procedimiento: exigencias herméticas, radicales, reiteradas ad infinitum, irreconciliables, altisonantes, al tiempo que se denosta personalmente a quien diverge.
Los resultados: una industria cuya modernización tecnológica cuelga de un hilo; que tiene cancelada la convergencia tecnológica; (al menos una buena parte) sin certeza jurídica para el refrendo de las concesiones; desincentivos para la inversión; procedimientos concesionarios (que son el punto de partida para su expansión) discrecionales, inciertos e inviables; supresión de la propaganda política y acotamiento de la publicidad pública; acotamiento a la libertad de expresión, en particular en materia política (véanse las recientes e injustificadas sanciones al PAN y las discusiones en torno a la sanción al medio de comunicación respectivo); seria afectación de la continuidad programática y previsible preeminencia (hasta el hartazgo) del mensaje electoral; cancelación del acceso motu proprio de los particulares (en general) para transmitir mensajes críticos a los partidos políticos y sus candidatos.
¿Qué sigue? Vulnerar la libertad de expresión de los radiodifusores con un mal diseñado derecho de réplica o con arbitrarios criterios editoriales que para noticieros debe ahora elaborar el IFE; restringir la libertad de programación; más competencia por los presupuestos publicitarios con las estaciones públicas (subsidiadas) y permisionadas (por lo demás, positivo); sanciones nuevas, sanciones incrementadas…
La iniciativa de los senadores del PRI va en el camino correcto por las siguientes razones: a) auxilia a los radiodifusores más antiguos, en muchos casos locales, independientes a grupos, generadores de empleo, con una insustituible (al menos hoy) función social de comunicación gratuita para millones de personas…y con serios problemas financieros que las ponen en entredicho; b) brinda sustento legal a una medida que, de lo contrario, es de frágil viabilidad jurídica; c) acata la sentencia de la SCJN respecto de la interpretación sobre la constitucionalidad de las reformas de 2006 a la LFRTV y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (tema amplio que excede el espacio de esta colaboración), y d) podría ser la primera medida importante del Estado mexicano, desde hace un buen tiempo, que busca ayudar a una industria y no inhibirla, que busca fortalecer y no destruir.
En resumen, independientemente de que se esté o no de acuerdo con las particularidades de la iniciativa, los que creemos que el diálogo y la comunicación de la sociedad se sustenta (por lo que no se excluye) en el quehacer de los individuos y no a través de algunas colectividades organizadas, y mucho menos en la iniciativa oficial o del Estado, debemos verla como una propuesta en la orientación correcta, que debe ser apoyada.
Les guste o no a sus detractores, la industria de radio y televisión mexicana funciona bien, sirve a la comunidad, tiene credibilidad y se compara favorablemente con la de muchos países. Por supuesto, también debe cambiar. Sin embargo, en este debate en realidad no están en juego las “COMBOS”, sino el modelo mismo de la radiodifusión en el país, e incluso, más allá, la forma de entender el papel de los individuos en nuestro tejido social.
Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.
