La semana pasada, le comenté en este espacio mi opinión sobre las causas de la salida de Gerardo Sánchez Henkel, quien hasta diciembre fue el jefe de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Me consta que Sánchez Henkel iba muy avanzado en la investigación del caso Telmex-Dish y la violación a la Constitución que el mismo implica, y que se sanciona con la revocación de los títulos de concesión de ambos operadores. Es un hecho indubitable que de confirmarse de manera oficial la evidente violación a la regla de gratuidad en la retransmisión de las señales de televisión abierta, no hay posibilidad legal alguna de que el IFT, por más maromas que haga, esté en posibilidad de autorizarle a América Móvil prestar servicios de televisión sin violar flagrantemente la ley.
Es un hecho también que, desde que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) estableció la asimetría en las tarifas de interconexión, de tal manera que Telmex y Telcel no cobren interconexión, pero sí estén obligadas a pagarla al resto de los operadores. El IFT ha hecho todo lo posible por anular ese mandato legal, tirando al suelo las tarifas que deben pagar Telmex y Telcel. Cuando Telcel cobraba 75% del tráfico, la tarifa estaba en 39 centavos por minuto; cuando Telmex y Telcel se vieron obligados a pagar en lugar de cobrar, el IFT tiró la tarifa a 18 centavos por minuto, es decir, la redujo 54% en dos años, en un claro intento por matar la asimetría que impuso la LFTR.
Para Telmex y Telcel, las tarifas de interconexión no son tan importantes, ya que entre las dos concentran 70% del tráfico en México, y de 30% restante, sólo el tráfico móvil cobra en realidad una tarifa de interconexión. Es ésta relativamente pequeña parte del tráfico la que el legislador consideró necesario apuntalar a través de la regulación asimétrica, a fin de permitirle a los competidores robustecer su posición en el mercado. Es esta regulación asimétrica la que en la práctica el IFT ha ido matando en beneficio exclusivo de Telmex-Telcel.
A Sánchez Henkel lo sustituyó un experto en derecho administrativo, Carlos Hernández Contreras, a quien no tengo el gusto de conocer. Sin embargo, desde hace años tengo las mejores referencias de su capacidad profesional y compromiso en el servicio público. Amigos muy cercanos trabajaron con él en la Procuraduría Fiscal y aseguran que nunca se achica ante los intereses de los poderosos. Va un voto de confianza. Su falta de experiencia en el sector es subsanable si logra allegarse de los elementos de memoria histórica que le permitan entender la película completa, más allá de sofismas coyunturales.
A pesar de la falta de firmeza del órgano regulador en la aplicación de sus propias medidas de preponderancia, es un hecho indiscutible que la reforma en telecomunicaciones y, sobre todo, las medidas impuestas por el Congreso de la Unión en la LFTR, han tenido claros efectos en el mercado de las telecomunicaciones. La eliminación de la larga distancia, la asimetría en las tarifas de interconexión, la prohibición del efecto club, la portabilidad en 24 horas, la prohibición para la cancelación arbitraria de saldos en prepago, y muchas otras, han reducido claramente los precios de los servicios en el sector, pero no bastan. La competencia efectiva es aún una tarea pendiente.
