Federico González Luna Bueno
El Financiero
El viernes de la semana anterior, el Senado aprobó la minuta que le había turnado la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, lo que acerca al país a uno de los cambios estratégicos más esperados.
Primeramente habría que decir que las modificaciones no alteraron el sentido original de la reforma, pues se respetaron íntegramente sus dos objetivos claves: fomentar el acceso a la banda ancha y promover a fondo la competencia. Numéricamente no fueron muchos los cambios hechos por la Cámara revisora, pero casi todos son positivos y de enorme trascendencia.
Los más importantes se refieren al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Destaca que sus consejeros ya no serán seleccionados mediante ternas conformadas por un comité de evaluación integrado por el Banxico, el INEGI y el INEE; ahora el presidente de la República directamente seleccionará las ternas que propondrá al Senado.
Es una modificación esencial que deja a salvo a estos tres órganos autónomos de las disputas y conflictos propios del sector telecomunicaciones. Como estaba planteado, el sistema de la minuta inevitablemente hubiera implicado presiones enormes, críticas, señalamientos y ataques virulentos sobre el gobernador del Banco de México, y los directores del INEGI y el INEE. Téngase presente la difícil experiencia que se tiene con el IFE.
Además, se dejaba al Ejecutivo federal en medio del mentado comité de evaluación y del mismo Senado, con una injerencia real mínima en el proceso de selección, supuesto que, sin garantizar transparencia, sí aseguraba conflictos permanentes que contaminarían sectores ajenos a las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (particularmente preocupante el caso del banco central).
Ahora el Ejecutivo federal (elegido por la mayoría de los ciudadanos mexicanos) se hace plenamente responsable de los candidatos que propondrá al Senado, y con ello su intervención en el sector se hace más efectiva y positiva. En el fondo, el sistema previo representaba un rompimiento del equilibrio de poderes.
Las modificaciones aprobadas prevén que el Ifetel contará con una contraloría interna; destaca sobremanera la disminución en el plazo (de cinco a tres años) de una serie de impedimentos para ser potencialmente seleccionado a consejero, lo que reconcilia la reforma con la experiencia y el conocimiento que existe en el país en este campo y abre la puerta para que un número importante de ciudadanos mexicanos, legítimamente, pueda aspirar a ser consejero del Ifetel. Un país no puede estar peleado con su inteligencia.
Las modificaciones senatoriales recuperan el texto relativo a que el derecho a la información será garantizado por el Estado; introduce el concepto de los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y los de las audiencias (estos últimos estaban ya plasmados en diversos preceptos de la minuta aprobada por los diputados).
Fue muy positivo que el Senado haya suprimido la obligación de que la radio y televisión debían difundir información `veraz`, lo que, como ya habíamos apuntado, generaba serias dudas sobre el ejercicio posterior de la libertad de expresión, habida cuenta que, hasta donde sabemos, nadie es poseedor de la verdad.
Se avanzó en el tema de la suspensión en el amparo para el caso de la Cofeco, pues podrá proceder en tratándose de multas y la desincorporación de activos. En telecomunicaciones se mantuvo la prohibición generalizada, lo que en nuestra opinión constituye una posición extrema.
Tampoco se tocó, finalmente, el uso casi exclusivo que se encomienda al Estado de la banda de 700 MHz, lo que deja una serie de dudas acerca de la capacidad real gubernamental para instalar, operar y explotar con eficiencia una red esencial para el futuro de los servicios de banda ancha y la promoción de la competencia.
Ahora la minuta regresará a la Cámara de Diputados, donde todo hace suponer que en breve será discutida y, casi seguramente, aprobada en sus términos.
