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Federico González Luna Bueno/ El Financiero

Finalmente el viernes anterior el Comité de Evaluación entregó al Presidente de la República los quintetos de candidatos a integrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones después de haber seguido un proceso cuyo modelo constitucional sigue destacando por su complejidad.

El referido Comité está integrado por quienes encabezan al INEGI, al Banco de México y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. A ellos correspondió regular e instrumentar el procedimiento constitucional encaminado a integrar grupos de cinco personas por cada una de las siete vacantes de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), a través de tres etapas principales: fijar y evaluar requisitos, aplicar un examen de conocimientos técnicos, económicos y jurídicos, e integrar los quintetos para cada vacante.

El proceso debía realizarse, como ocurrió, en un plazo de dos meses. Según se pudo apreciar, el Comité optó por seguir como criterio fundamental el rigor formal máximo en la toma de decisiones y, para evitar cuestionamientos, poca información dio acerca de las motivaciones de sus decisiones. Este rigor, a veces cercano a la secrecía (por supuesto criticable) probablemente es explicable en la medida en que quienes encabezan los órganos constitucionales referidos no sólo actuaban como miembros del propio Comité sino también a nombre de las instituciones que representan. Los yerros, cuestionamientos y traspiés no solo afectarían al Comité sino a sus propias instituciones, situación por demás delicada en todos los casos, más aún cuando entre ellas se encuentra el banco central encargado de la política monetaria y cambiaría de nuestro país, la cual debe estar exenta de suspicacias relacionadas con la honorabilidad de quien la dirige.

El Comité concluyó sus trabajos al haber entregado al Presidente de la República los respectivos quintetos para cada una de las vacantes, integrados por las personas que obtuvieron las más altas calificaciones en el examen de conocimientos. En la mayor parte de los casos, es tranquilizador observar que los aspirantes son personas con amplia experiencia en el sector telecomunicaciones.

Lo más criticable del resultado no es imputable al Comité sino a las reglas a que debió sujetarse, y consiste en la casi ausencia de aspirantes provenientes de la industria, pues de los 35 candidatos 26 provienen del propio sector público, con lo que podría perderse la oportunidad de refrescar la visión regulatoria de las telecomunicaciones con los puntos de vista de quienes son sujetos de la actuación (y de los arrebatos y errores) de la autoridad. Todo por una mochilería ramplona más preocupada en cuestiones de forma y purezas de sangre que en encontrar a los mejores mexicanos donde quiera que ellos se encuentren.

En fin, ello será tema de otras discusiones. Por lo pronto el Ejecutivo Federal ya cuenta con los aspirantes a integrar el Ifetel y dispone de 10 días para seleccionar de cada quinteto (en una facultad acotadísima) a quienes habrá de proponer al Senado para su aprobación, quien a su vez contará con un plazo igual para resolver sobre cada caso.

Cabe decir que si en dos ocasiones el Senado rechaza la propuesta del Ejecutivo para una vacante en particular, la Constitución faculta al Ejecutivo para designar de manera directa al funcionario respectivo, lo cual, al menos en esta ocasión, garantiza que no entraremos en procesos bochornosos como los de la materia electoral.

El quid del asunto estará en ver cómo actúan los partidos de oposición en el Senado, si optan por negociar su aprobación con el Ejecutivo e incluso hasta en si hacen una nueva evaluación de los trabajos ya realizados por el Comité. La evaluación de los conocimientos ya está hecha y lo más que debería hacerse ahora es determinar sí tal o cual persona, con base en su experiencia, es apta para ser comisionado del Ifetel.

Habrá que ver si conciben al Ifetel como un espacio de cuotas partidistas o como un órgano técnico constitucional autónomo. ¿Cuánto habrá madurado la política de nuestro país?

Abogado en telecomunicaciones

 

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