Ley de Austeridad Republicana y los funcionarios públicos

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2019-10-18

Es loable el esfuerzo que está haciendo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por disminuir el gasto corriente en aquellos rubros donde se detectan excedentes.

Es claro que había mucha “grasa” en el gasto de la administración pública federal que ameritaba una revisión y, por supuesto, una reducción considerable. Ése es el principal objetivo de la Ley de Austeridad Republicana. El problema viene que cuando terminas de cortar la “grasa”, lo que sigue es el “músculo”. Y quitar el músculo te deja sin fuerza e inoperante.

Esto último es el caso de la austeridad planteada para servidores públicos. Hay que decir que sí había servidores públicos corruptos, que se servían con la cuchara grande, y con sueldos exorbitantes que no eran proporcionales a su responsabilidad. Sin embargo, no todo funcionario público se enmarca en este supuesto. Es más, diría que la gran mayoría esta fuera de esta definición.

La Ley de Austeridad Republicana dice que funcionarios de nivel superior “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado, o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

Esta restricción, además de la sustantiva degradación que ya sufrieron los funcionarios respecto a su salario, hace que muchos de ellos hayan renunciado a sus puestos de trabajo en muchas entidades gubernamentales. Señaladamente en órganos reguladores y banca de desarrollo, ha surgido una importante desbandada de recursos humanos que están dejando prácticamente inoperantes a estas instituciones.

La situación es preocupante porque se vaciaron de talento. Mucha gente que tenía un servicio civil de carrera y que sabía cómo funcionaban dichos reguladores, se fue y se sigue yendo. Lo cual ha provocado que lleguen funcionarios que no necesariamente tienen la experiencia y el conocimiento para tomar decisiones cruciales en el día a día de estas agencias. La curva de aprendizaje le puede salir muy cara al Gobierno federal.

En otros temas.

• Esta semana, el empresario Carlos Slim, en rueda de prensa, anunció que Grupo Carso y América Móvil harán inversiones en el país durante este sexenio por 72 mil millones de pesos. También manifestó interés en participar en varias licitaciones del Gobierno federal, particularmente en los trenes Maya e Interoceánico.

• La Cámara de Diputados suavizó algunas medidas que originalmente se habían planteado para plataformas digitales en el paquete económico. Inicialmente se proponía desconectarlas de la red pública de telecomunicaciones si no pagaban los impuestos correspondientes en México. Esto ya no será así y sólo habrá un bloqueo temporal y se publicará su nombre y la fecha en que surtirá efecto la sanción administrativa en el portal del SAT para que proveedores y, sobre todo usuarios, estén al tanto de lo ocurrido.

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