Gerardo Soria Gutiérrez | 16 de Septiembre de 2015 | El Economista
Desde que Mony de Swaan, Luis Lucatero y Juan Ludlow empezaron a traficar influencias en sus cargos de la extinta Cofetel, para que el Pacto por México bendijera su proyecto personal eufemísticamente denominado “red compartida mayorista”, en éste y otros espacios críticos se han expuesto las inconsistencias económicas y jurídicas que lo hacen un proyecto inviable en el mediano y largo plazo, más allá del expolio al erario que puede implicar en la etapa de construcción y arranque.
Como prueba de ello, entre los comentarios a los criterios generales del proyecto red compartida, que los interesados presentaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), figuran verdades de a libra que tiran por los suelos toda la demagogia que De Swaan y sus cómplices vendieron a un gobierno ávido por lograr los acuerdos necesarios para avanzar en las reformas estructurales que el país requería.
Por ejemplo, manifiestan los interesados, la red compartida no puede ser autofinanciable y el gobierno debe participar con recursos presupuestales; es decir, para que el engendro de De Swaan funcione, el gobierno debe subsidiar la red y volver a convertirse en operador, como Telmex en los 70, con todo el despilfarro de recursos y la burocracia que ello conlleva. Evidentemente, con la caída en los precios del petróleo y la reducción en el gasto público, esto no va a suceder. Así es que el negocito de De Swaan ha dado un paso para atrás.
En otra joya, que supongo viene de alguien que pretende hacer un negocio de saliva con voz engolosinada, se pide que ni la cobertura ni la contraprestación sean condiciones para ganar la licitación, sino que se realice un concurso de belleza (literal), en donde se pondere la promoción de la competencia, la reducción de las barreras a la entrada, la cobertura rural, la velocidad de despliegue, entre otros. Es decir, puro rollo de apreciación subjetiva y discrecional: un traje a la medida para la corrupción y un premio a todos los desvelos de Mony de Swaan. Sobre todo si tomamos en cuenta que en el paquete fiscal para el 2016, los derechos por la banda de 700 MHz se redujeron 88% respecto de los contemplados y que muy probablemente se permita el arrendamiento de espectro a los actuales operadores. Así, sin poner un fierro, se puede tener un margen de 88% sobre una inversión de saliva. ¡Nada mal el negocito! Como dice Noam Chomsky: subsidio público, ganancias privadas.
Otro tema que mantiene a la expectativa a los interesados es la indefinición de la SCT sobre la posibilidad de que operadores propiedad de gobiernos extranjeros participen en la licitación. En realidad se refieren a China Telecom, ya que es el único de los interesados que cae en el supuesto. Me parece bien que los interesados hayan sido tan claros en su cuestionamiento, ya que obligan a la SCT y al IFT a dar una respuesta igual de clara.
Recordemos que en los criterios generales, la SCT fue dolosamente omisa sobre el tema, a pesar de que la Ley de Vías Generales de Comunicación vigente lo prohíbe de manera expresa. Entiendo que al secretario Ruiz Esparza le duela tragar otro sapo, ya que fue él quien en su viaje a China para explicar la cancelación del tren México-Querétaro les ofreció la red compartida como premio de consolación, pero la ley es clara y no da lugar a interpretaciones creativas como las que escuchamos en las grabaciones de OHL, en donde en lugar de 50 centavos por cruce de auto eran 50 centavos por mes, por año o por siglo. China Telecom, al ser propiedad del gobierno Chino, no puede ser concesionario directa o indirectamente de vías generales de comunicación, y las redes públicas de telecomunicaciones son vías generales de comunicación. Ni para dónde hacerse.
¿De verdad el capricho de Mony de Swaan y su camarilla vale el tamaño del error que el gobierno del presidente Peña Nieto está a punto de cometer?
