El nuevo Programa de Transición a la TDT, publicado la semana pasada por la SCT, establece nuevas líneas de acción encaminadas a permitir que los televidentes, especialmente aquellos que cuentan con menores recursos, tengan pleno acceso a las señales de televisión abierta en formato digital.
Este programa, denominado por la SCT “transición a la TDT con sentido social”, cuenta con un doble objetivo. Por un lado, cumplir con el mandato constitucional de garantizar el acceso a las señales radiodifundidas para toda la población y, a su vez, liberar la banda de 700 MHz sobre la cual deberá correr la red pública compartida de telecomunicaciones que facilitará la provisión de servicios de banda ancha a toda la población. La principal política de este programa es la provisión de televisores digitales con conectividad a los hogares inscritos en el padrón de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sedesol, es decir, a 13.8 millones de hogares en el país.
En este sentido, es importante destacar que, de acuerdo con la experiencia internacional, ningún país que haya migrado a la TDT ha otorgado televisores digitales, sino que se ha optado por la entrega de decodificadores debido, en buena medida, a su menor costo y facilidad de entrega. Sin embargo, en el caso de la estrategia emprendida por el gobierno, la provisión de televisores digitales con conectividad busca promover no sólo la transición plena hacía la TDT, sino también impulsar la inclusión digital, pues estos equipos, además de permitir la sintonización de la televisión abierta en formato digital, fungirán también como punto de acceso a Internet.
Tras el anuncio de esta nueva estrategia, debemos cuestionarnos la efectividad a corto y mediano plazo de la entrega de este tipo de televisores, pues, en su mayoría, los hogares inscritos al padrón Sedesol no cuentan con la capacidad económica para pagar un servicio mensual de conexión a Internet. Ante esta situación, ha trascendido que el programa considera acordar con los concesionarios de telecomunicaciones la provisión de servicios de banda ancha a precios accesibles para este segmento de la población.
A su vez, se tiene previsto que la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones impulse el acceso efectivo al servicio de banda ancha a estos hogares desconectados, lo cual permitirá que, en el largo plazo cuenten con pleno acceso a la red. Por lo tanto, es innegable que la provisión de este equipamiento representa un primer paso en la obtención a la conectividad universal y, sin duda, nos aproxima a un mejor escenario en el que se aprovecharan los beneficios de contar con señales digitales y acceso efectivo a la Internet, contribuyendo así a la reducción de la brecha digital persistente en nuestro país.
Ante este escenario, sólo queda esperar que la realización del apagón analógico se lleve a cabo, ahora sí, en tiempo y forma, y que los televisores a otorgar cuenten, próximamente, con acceso efectivo a la red, ayudando así a reducir la brecha digital. Su efectividad deberá quedar plasmada en resultados tangibles en el mediano plazo, cuando sea posible cumplir metas de cobertura, tanto de señales digitales, como de los servicios de banda ancha.
