Ernesto Piedras
En meses recientes se ha especulado abundantemente acerca de los efectos potenciales que trae consigo la reforma en materia de telecomunicaciones. En este sentido, las leyes secundarias que deriven de ella se constituyen como el instrumental de política sectorial para, entre otras cosas, corregir las ineficiencias de este mercado de servicios infraestructurales.
Esta reestructuración del marco legal que rige a la industria contiene una gran variedad de temas, pero desde el punto de vista del mercado, los tres ejes centrales para el desarrollo nacional son la competencia efectiva, la inclusión digital y el fomento a las inversiones. Sin una eficiente alineación de términos e incentivos en estos campos, estaríamos en riesgo de perder, una vez más, la oportunidad de aprovechar social y productivamente estas capacidades tecnológicas contemporáneas.
Ejes rectores de alto impacto
Desde la óptica de eficiencia de mercado, no hay duda de que el eje rector de la reforma en telecomunicaciones es la competencia.
Casi dos décadas y media después de la privatización del entonces monopolio gubernamental, Telmex, el operador dominante con su presencia de mercado parece más un monopolio privado (y actúa como tal) que un operador en competencia. Y su contraparte corporativa móvil, Telcel, lo mismo. En este sentido, resulta fundamental que las leyes secundarias establezcan el cómo sentar al fin las bases de una sana competencia en el mercado.
Al hablar de competencia sale a la luz como primer paso a seguir la determinación de preponderancia de los operadores y el poder sustancial de mercado que ostentan, para poder proceder a compensar sus efectos anticompetitivos en el mercado. Según la evidencia internacional, algunos de los mecanismos efectivos de regulación asimétrica u obligaciones específicas son tarifes asimétricas, especialmente en interconexión, desincorporación de activos, compartición de infraestructura y desagregación de redes, entre otros. Es fundamental entender que de no implementarse la mayoría de estos mecanismos, será imposible alcanzar la tan esquiva competencia.
Segundo punto crucial es el de los usuarios finales, sobre todo aquellos aún en espera de la inclusión digital, como segmentos de la población de escasos recursos. La mencionada competencia traerá consigo una reducción en los precios finales, mayor calidad y cobertura de servicios que permitirán a niveles socioeconómicos bajos costear dichos servicios. Además, las políticas de inclusión digital permitirán la conectividad de más mexicanos. Una meta de la reforma es que por lo menos 70% de los hogares y 85 % de las mipymes cuenten con acceso efectivo a la banda ancha, con una velocidad real de descarga, en conformidad con el promedio registrado por la OCDE y a precios competitivos internacionalmente.
Finalmente, la capitalización del sector se vuelve indispensable para el desarrollo. Si bien el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversión tanto pública como privada de 700,000 millones de pesos para las telecomunicaciones, el músculo político todavía no ha podido generar la suficiente certidumbre jurídica para que estas inversiones se materialicen.
Con todo, el detalle fino y la efectividad de la reforma en telecomunicaciones radica y depende de la legislación secundaria, que es de esperar veamos en el aparato legislativo próximamente. Con un buen resultado de base legal, los beneficios potenciales de las tecnologías de la información se materializarán en certeza jurídica que detone la competencia efectiva, inclusión digital e inyección de capital, que el sector de telecomunicaciones urgentemente demanda.
