En Economía se dice que percepciones se convierten en realidades. Por ejemplo, cuando los agentes económicos creen que vendrá una devaluación, su reacción lógica es comprar divisa extranjera. Con ello se pone presión sobre el tipo de cambio, provocando finalmente una devaluación.
En materia de políticas públicas se denomina como Compromiso Creíble a la aceptación de una propuesta o promesa hecha, por ejemplo, por una autoridad.
Pero, ¿qué es lo que la puede hacer creíble? Cuando un agente económico como el gobierno o un órgano regulador enfrenta costos mayores por el incumplimiento de una promesa que aquellos beneficios que resultarían de cumplirla, se presenta esa promesa de política pública como un compromiso que la sociedad da por realizable. En el caso específico de la reforma de telecomunicaciones, el haberla elevado a rango constitucional cumple con el principio económico de la generación de un contrato (vía institucional y legal) en el que se fije una pena por incumplirlo.
Algunos resultados de la encuesta
Recientemente se publicó una evaluación de los usuarios y no usuarios de servicios de telecomunicaciones, quienes pueden ya percibir algunos cambios y efectos derivados del nuevo cuerpo regulatorio e institucional en el sector, realizada por la empresa de consultoría GEA (Grupo de Economistas y Asociados).
La concreción de la reforma en telecomunicaciones resulta así en la suma de los esfuerzos individuales que convergen en un esfuerzo enfocado a la generación de competencia efectiva y, con ello, a la maximización del bienestar de los consumidores.
La percepción sobre sus impactos en aspectos relevantes para los bolsillos de los usuarios revela que existe una creencia para 39% de las personas de que la reforma facilitará una reducción de tarifas en telefonía celular, 36% en los precios de los mensajes de texto, y la misma razón en servicios de Internet. De la muestra, 32% percibe que habrá un importante abaratamiento en los precios de los servicios de larga distancia nacional, mientras que sólo 27% opina que se cargarán menores tarifas en la televisión restringida.
Este cúmulo de percepciones es sin duda producto de realidades contenidas en el texto constitucional de la reforma y su legislación secundaria. Ciertamente, este nuevo cuerpo normativo dispone medidas de generación de competencia y de inclusión digital, la eliminación de los cargos de larga distancia, la consulta gratuita de saldos en prepago, la posibilidad de cambiar de operador móvil en menos de 24 horas, las bonificaciones por fallas en servicios, el desbloqueo de equipos, entre muchas otras.
Este asunto de percepciones es entonces ya el reflejo de una ratificación y ajuste de los operadores a los términos de la reforma, los cuales han puesto en marcha estrategias que cambiarán el rumbo de su operación en los mercados y la provisión de los servicios a los usuarios.
Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la reforma, resulta que los consumidores comienzan a validar que sus percepciones en cobertura, calidad y precios competitivos se tienden a asemejar a sus realidades.
Con esto, la interpretación que resulta es que el largo y jaloneado proceso de la reforma resulta desde la sociedad mexicana, en un compromiso creíble del planteamiento para las telecomunicaciones en términos de nuevas leyes, instituciones y términos de operación.
