Gerardo Flores Ramírez
El Economista
Finalmente ayer se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Se trata sin lugar a dudas de una de las reformas que más expectativas han generado en buena parte de la sociedad mexicana en los años recientes. El primer aspecto que yo destacaría con relación a la presentación de esta iniciativa es el indiscutible liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto que, con la firma del Pacto por México, brindó al PAN y PRD un marco inmejorable para buscar, junto con el PRI y su propia administración, los consensos necesarios para darle cauce a una reforma que resultaba impostergable. A grandes rasgos, la reforma constitucional se basa en cuatro ejes: l) la introducción del derecho de los mexicanos al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a la banda ancha, y de radiodifusión, así como las adecuaciones para darle eficacia al derecho al acceso a la información y de libertad de expresión; 2) modificaciones al arreglo institucional para crear dos órganos con autonomía constitucional en los temas de competencia y de telecomunicaciones y radiodifusión, con facultades plenas en estos temas; el mandato para crear en ley un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que proveerá el servicio de radiodifusión, sin fines de lucro, en cada una de las entidades federativas, y la creación de juzgados y tribunales especializados en estos temas; 3) modificaciones para dotar de los instrumentos adecuados a las autoridades para fomentar una competencia efectiva en ambos mercados, entre los que se encuentran la desincorporación de activos, derechos o partes relacionadas de lo que a partir de ahora se conocerá como operadores preponderantes; la desagregación del bucle local o acceso de última milla; la eliminación de los límites a la inversión extranjera en telecomunicaciones y la apertura hasta 49% en radiodifusión; así como medidas para permitir la retransmisión de los canales abiertos de TV en los sistemas de TV restringida, de manera gratuita durante algún tiempo, y 4) el establecimiento de medidas que no dependen de ningún cambio constitucional o legal, pero que por su naturaleza, los actores consideraron necesario darle el peso de estar previstas en la Constitución. Me refiero a la licitación de dos cadenas nacionales de TV, la devolución de los canales espejo de TV asignados de manera temporal a concesionarios y permisionarios y la creación de una red de telecomunicaciones propiedad del Estado que brinde servicios de telecomunicaciones. La reforma resulta impostergable porque, entre otros, ya lo ha dicho la OCDE de manera reiterada: la elevada concentración en los mercados de telefonía fija y móvil, que se traduce en elevados precios y cobertura menor a la que debería observarse, le generan a los mexicanos una pérdida en bienestar calculada en 26,000 millones de dólares por año. No podemos seguir aspirando a crear un México más desarrollado y menos desigual si anualmente sufrimos una sangría de esa magnitud. Ahora bien, no omito mencionar que en fechas pasadas hice observaciones críticas, sobre todo en torno de la idea de crear un órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión constitucionalmente autónomo. Sigo pensando que no es la solución adecuada, pero posiblemente es la única salida política al nudo gordiano en que se había convertido la regulación de este importante sector. Estoy seguro que en el Senado de la República tendremos un debate de altura en torno de esta iniciativa. Que así sea.
