Ayer leía en un periódico una nota sobre el descenso de México en los indicadores de penetración de banda ancha que incluye una publicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), titulada “El estado de la banda ancha 2014: banda ancha para todos. Un reporte de la Comisión de la Banda Ancha, septiembre 2014”. La nota a la que me refiero empieza por narrar cómo México habría descendido entre el 2012 y el 2013 en dos indicadores específicos: 1) penetración de banda ancha fija por cada 100 habitantes y 2) porcentaje de hogares con Internet.
En ambos casos, si bien es cierto que México mejoró en forma absoluta también es cierto que otros países tuvieron un mejor desempeño en comparación con México, y por eso desplazaron a nuestro país provocando la caída en el ranking de estos indicadores. Se trata sin duda de una inercia asociada justamente al pobre marco legal que teníamos antes de la reforma.
Acto seguido, la nota en cuestión cita declaraciones de una consultoría que afirma que “el Estado mexicano tendrá que suplir y subsidiar la falta de inversión privada en el sector telecomunicaciones y radiodifusión, por los resultados de la aplicación de la legislación secundaria”. Aquí es donde uno tiene que empezar a leer con cuidado este tipo de análisis.
A partir de la aprobación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluso antes, un grupo de analistas se ha empeñado en apostar al fracaso de esta nueva legislación, hacen énfasis en los supuestos desincentivos a la inversión y en que el Estado deberá hacer frente a la retirada de los esfuerzos de inversión de los dos operadores que sí se preocupan por México, a la par de que los otros operadores, los competidores, no mejorarán su desempeño en materia de inversión. Eso es lo que ellos dicen, es el mensaje que pretenden colocar en la opinión pública.
Lo primero que les respondería es que si el nuevo marco legal no promueve más inversión, resulta ilógico que AT&T esté dispuesto a entrar al mercado mexicano. Es verdad que no entraría desplegando más infraestructura, sino adquiriendo activos ya en operación, pero también es verdad que un inversionista de ese tamaño no haría una apuesta así de importante si no hay una buena prospectiva para operar de manera rentable lo adquirido, combinada con una buena prospectiva para invertir aún más.
Ahora bien, lo que en realidad tiene que cuidar la autoridad reguladora es, como lo mencioné aquí la semana pasada, que la transacción de desincorporación de activos de América Móvil, mediante la que AT&T se quedaría en exclusiva con algunas regiones explotadas por la primera, no sea una simulación que atente contra el espíritu de competencia efectiva que está detrás de la reforma. Ese sí terminaría siendo un escenario en el que los incentivos a invertir en más infraestructura se verían reducidos de manera preocupante.
Quienes hablan de defectos de la nueva ley y escenarios de desinversión es porque simplemente quieren “dibujar” el escenario ideal para que haya una percepción positiva a una estrategia de desincorporación de América Móvil que sigue generado muchas dudas en cuanto a que vaya a generar competencia efectiva. Las autoridades y sociedad no pueden, ni deben, caer en este juego.
Por cierto, no hay que pasar por alto que la Comisión de la Banda Ancha de la UIT es copresidida justamente por quien se quiere sacudir las obligaciones que se le impusieron como agente preponderante, en virtud del nuevo marco constitucional.
*El autor es senador de la República.
