Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
La semana pasada, el Congreso de la Unión celebró, a pesar de algunas situaciones adversas, un periodo extraordinario que, si bien es cierto, contaba con una agenda específica para la Cámara de Diputados y otra para el Senado de la República, también lo es que fue posible conjuntar esfuerzos y concretar un importante logro para nuestro país en materia educativa. Como es sabido, el primer paso se dio en febrero del presente año, a partir de la aprobación y promulgación del decreto de reforma constitucional, con el que se inició un proceso de transformación que los mexicanos siempre hemos deseado y que consiste en contar con un sistema educativo nacional de calidad.
El Senado de la República, después de recibir de la Cámara de Diputados una minuta de reforma a la Ley General de Educación y otra de expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en la madrugada del viernes 23 de agosto, aprobó dichas minutas por mayoría de votos (90 votos en favor y 21 en contra, y 91 votos en favor y 20 en contra, respectivamente), mismas que fueron remitidas al Ejecutivo federal para su publicación.
Lamentablemente, desde hace varios años, nuestro sistema educativo mantiene un desempeño deficiente, alejado de lo que este país requiere para impulsar de manera decidida el desarrollo de nuestra sociedad. México se encuentra en el lugar 48 de 65, en los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en desempeño educativo. Esto implica que no sólo nos ubicamos en el último lugar de los 34 países miembros de esta organización, sino que otros 14 países, que ni siquiera son integrantes, nos superan. Con las reformas aprobadas, la educación impartida por el Estado es y seguirá siendo gratuita, manteniendo el derecho humano consagrado en el Artículo 3 constitucional. No se establece en sentido alguno un modelo de privatización, como erróneamente se ha pretendido afirmar. Quedó establecida la prohibición de cuotas escolares obligatorias.
Asimismo, se insertan nuevos componentes, como la creación de las escuelas de tiempo completo, las acciones destinadas a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, la facultad para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación defina los procesos de evaluación en materia de servicio profesional docente, los esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para los alumnos, entre otros.
No se puede pasar por alto que para garantizar plenamente la calidad educativa requerida, debe establecerse el servicio profesional docente, y que es a través de evaluaciones justas y técnicamente sólidas como podrá demostrarse la capacidad y desempeño de los maestros. Dichas evaluaciones permitirán que a los docentes les sea proporcionado el apoyo necesario para superar sus debilidades, reforzar sus cualidades y desarrollar aún más sus fortalezas.
En días recientes, junto con otros compañeros senadores, he participado en mesas de diálogo con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a efecto de privilegiar el diálogo en la solución de conflictos, así como para escuchar sus inquietudes respecto de la Ley del Servicio Profesional Docente que el Congreso aprobará en las próximas semanas. Que no quede duda, no habrá marcha atrás. Por encima de todo, se encuentra el interés superior de una educación de mayor calidad para nuestra niñez. Además, si queremos competir sin complejos a nivel internacional, debemos invertir en capital humano, eso sólo se logra con mayor calidad educativa.
*El autor es Senador de la República.
twitter:@gerardofloresr
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