Eduardo Ruiz Vega | La Razón | 14 Julio 2014
Esta mañana el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará el acto en que se anunciará la promulgación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Como sabíamos, la ruta estaba trazada.
Apenas la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la legislación convergente que le fue enviada por su colegisladora, en una sesión maratónica de 20 horas, en la cual fueron discutidas, y desechadas, varias centenas de reservas. La importancia que el Ejecutivo Federal concede a esta pieza legislativa, al sancionarla, promulgarla y publicarla con prontitud, se traducirá con toda seguridad en un signo positivo para el mercado de las telecomunicaciones.
La nueva ley contiene un conjunto de normas extensas y complejas. A diferencia de las leyes federales que sustituye, la de radio y televisión de 1960 y la de telecomunicaciones de 1995, se orienta al detalle en muchos de sus capítulos, situación que sus críticos interpretan puede vulnerar la `autonomía` del órgano regulador de reciente creación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo cierto es que, no obstante su carácter constitucional autónomo, el novel instituto no puede sustituirse en el Poder Legislativo Federal, ni viceversa, por lo que el orden de los asuntos deberá irse acomodando en torno al nuevo cuerpo normativo, como sucede en todas las actividades económicas sujetas a la regulación del Estado.
Con la entrada en vigor de la legislación secundaria, el sector de las telecomunicaciones deberá reactivarse en varios frentes. De entrada, se reanudará la licitación de frecuencias de televisión digital terrestre para la creación de dos nuevas cadenas a nivel nacional, misma que se había diferido ante la ausencia de una ley que estaba programada para iniciar su vigencia desde diciembre pasado.
Más allá de los vistosos proyectos que se espera se desenvuelvan bajo el paraguas de la legislación convergente, enumerados y descritos en mayor o menor detalle en los transitorios de la reforma constitucional del año pasado, la aportación inmediata más valiosa de la ley será poder regresar a la normalidad en los trámites y procedimientos del día a día, con un grado de certeza jurídica aceptable en relación con las normas y reglas que aplicará el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El calendario establecido por el Congreso de la Unión, erigido en Constituyente Permanente, para transformar el entorno competitivo y el mapa de actores en el sector de las telecomunicaciones, fue demasiado agresivo. Así, las autoridades terminaron regulando a un sector sin el apoyo de una ley federal durante poco más de un año. Esa situación irregular, finalmente, quedará en el pasado.
