En un acto ampliamente esperado por los sectores regulados de telecomunicaciones y radiodifusión, el Presidente de la República envió este lunes al Senado la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión. En tan sólo 24 horas, las críticas y pronunciamientos destruyeron por completo las expectativas que se tenían sobre la regulación de estos sectores, sobre todo por los aspectos positivos que venían de inercia de la Reforma Constitucional y las recientes declaraciones de preponderancia de Telmex y Televisa por parte del IFT.
En el contexto del desgaste del Pacto por México, el PAN y el PRD evadieron cualquier tipo de negociación y el mismo lunes se pronunciaron en contra de la iniciativa, señalando que iba en contra de la Reforma Constitucional y reduce las facultades del IFT. Lo cierto es que antes de discutirse formalmente en las Cámaras parece que la iniciativa ha perdido toda legitimación mayoritaria y será objeto de politización y controversia.
Sin duda se trata de la iniciativa más importante en el sector en los últimos ocho años en materia de radiodifusión y quizás la más relevante en 20 años en materia de telecomunicaciones. La iniciativa ya se tenía lista la semana pasada para su presentación en el Congreso, pero de último momento la Consejería Jurídica hizo precisiones sobre su técnica legislativa. Antes de esto, se recibieron comentarios en forma oficial por parte asociaciones del sector como Amedi, CIRT y Canieti, situación que se menciona en los considerandos de la iniciativa. Sin embargo, también se circuló el proyecto de iniciativa para observaciones y comentarios a empresas reguladas, quienes aprovecharon para modificar o nulificar algunos elementos de la iniciativa de ley.
Ejemplo claro son los principios de neutralidad de redes en materia de telecomunicaciones y la defensoría de audiencias en materia de radiodifusión. En el primer caso, si bien el artículo 145 fracción I menciona que los usuarios tienen derecho a acceder cualquier contenido, aplicación o servicio sin limitación alguna, en la fracción V señala que los concesionarios podrán “gestionar el tráfico” lo que en la práctica representa discriminar los datos que transitan por su red. En el segundo caso, el artículo 258 de la iniciativa señala la obligación de establecer un defensor de audiencias, pero la realidad es que se diluye al grado de quedar en buenos deseos.
Pareciera entonces que la iniciativa fue un conjunto de intervenciones de distintos actores. Hay una parte técnica incontrovertible, donde se aboca a establecer las facultades para la actuación del IFT, sanciones más severas y elementos innovadores para el marco jurídico mexicano como el mercado secundario y el arrendamiento del espectro radioeléctrico. Sin embargo, está una parte también política —que es la más controversial— donde se reafirma la doble ventanilla a través de opiniones “no vinculantes” de la SCT y la Segob, prorroga el apagón analógico y diluye aspectos de la Reforma Constitucional.
Así, es posible que los elementos políticos de la iniciativa acaben por matar cualquier legitimidad de un instrumento que debió ser técnico. Esperemos no haya nacido muerta.
