Dos empresas, dos grupos económicos, dos visiones del mismo problema. Eso es lo que en los medios leemos y vemos sobre un sector altamente politizado y controvertido en el mundo de los negocios de nuestro país. La clase política se suma a una u otra de las visiones de los gigantes y alimenta la narrativa de romper el monopolio del vecino. Los analistas y periodistas son la cara visible de una pelea por dominar un negocio de miles de millones de pesos y, con ligereza intelectual, alegan con argumentos que van contra el sentido común para enredar a una de por sí desinformada audiencia en los temas técnicos de esta industria. Ésta es la historia del sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión; las empresas que nos proporcionan telefonía móvil, internet, televisión y radio que consumimos a diario y en todo lugar. La omnipresencia de sus ondas y señales no es gratuita; son un impuesto despro porcional para quienes los consumimos. La reciente iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radio diñisión es ahora símbolo de esa polarización con dos visiones empresariales. Al momento en que el Presidente la presentó al Senado de la República, ésta ya había sido
descalificada y algunos puntos convertidos y utilizados como flamante retórica para desacreditar una u otra de estas perspectivas. Unos contra otros. Blanco o negro. Sin embargo, detrás de todos los discursos y las caras visibles está el consumidor. El que paga los recibos, recibe sorpresas desafortunadas en sus cuentas (bilí shock le llaman en inglés) y paga rentas mensuales desproporcionadas. Los consumidores son el primer frente para esta industria, pero los últimos en ser protegidos. Se habla de
la numeralia respaldada por asociaciones de industria a modo y organismos internacionales, pero se olvida que la intervención del Estado es justamente evitar el abuso a ese solitario y abstracto personaje llamado consumidor de servicios. En todo este ruido mediático hay que filtrar la paja para llegar a lo realmente importante de las reformas; está la parte técnica que regula la actuación de los actores preponderantes, las tarifas que se cobran por interconexión,
retransmisión de señales y otros temas novedosos como el mercado secundario de espectro y los mecanismos de sanciones por incumplimientos de la ley. Está también la parte más política como la intervención de la SCT y Segob con opiniones no vinculantes, el llamado defensor de audiencias, la regulación de contenidos y tiempos de estado, entre otros. Ambas partes la técnica y la política han sido ahora sujetas a los embates del circo mediático. Sin embargo, hay una parte que no se menciona,
pero que es de igual o mayor importancia: la protección al consumidor. En el título noveno tan sólo se hace una tímida intervención reafirmando los casi inoperables derechos protegidos por la Profeco en vez de alinearlos al IFT y sancionarlos con mayor énfasis. Así, será necesario no sólo alimentar al circo mediático de la pelea de los gigantes, sino en efecto proteger a los usuarios con medidas jurídicas y no retóricas.
