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Los costos para la IP

pacto-por-mexico-logoJavier Tejado

Reforma

En las últimas semanas ha existido un gran activísimo legislativo bien visto por la prensa nacional y extranjera. Las reformas a destacar van desde temas educativos, pasando por nuevas leyes sobre cómo litigar en México amparo), leyes de víctimas y reformas en materia de telecomunicaciones. El día de hoy por la tarde vendrán modificaciones a la Ley del Seguro Social.

Todos estos temas tienen dos aspectos en común. Han salido del Pacto por México y los que ponen su parte para que el País se modernicé han sido principalmente la iniciativa privada y el gremio educativo.

La iniciativa privada ha visto mermada su capacidad para enfrentar decisiones gubernamentales al expedirse una ley de amparo que prohíbe suspensiones judiciales tratándose de bienes del dominio público de la Nación (minas, aguas, carreteras, espectro radioeléctrico, etc). No vienen a la mente muchos actos arbitrarios del Gobierno en estos temas, pero en buena medida esto era realidad dado que sabían que este tipo de actos serían frenados por jueces. Ahora que no hay suspensión, la pregunta es si las autoridades van a ser menos cuidadosas en sus decisiones y capaces de generar actos arbitrarios dado que los particulares quedarían años indefensos hasta concluir los juicios.

Después, las restricciones en los litigios se ampliaron a cualquier acto que genere el nuevo organismo de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel); pero también cualquier decisión que tome el regulador de la competencia, la nueva Comisión Fede ral de Competencia Económica (Cofecoe). Con ello, prácticamente cualquier decisión económicamente relevante está sujeta a escrutinio, y la capacidad de defensa jurídica se ha limitado, afectando sobre todo a la iniciativa privada (IP).

El día de hoy está convocada la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados para modificar la Ley del Seguro Social a efecto de que sean los patrones la IP quienes pongan más recursos para darle viabilidad financiera unos meses al IMSS.

Así, la mayor parte de los costos de las reformas hasta ahora aprobadas han sido a expensas de la iniciativa privada. Esta, a su vez, ha señalado, con preocupación, algunos excesos que se estarían cometiendo. Han sacado desplegados y dado conferencias de prensa desde el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pasando por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex. Pero sus argumentos  no han sido escuchados.

En buena parte, la debilidad de los organismos empresariales se debe a divisiones internas e intereses particulares. La división interna fue evidente cuando, el 10 de abril, el Consejo Coordinador Empresarial publicó un desplegado quejándose de las amplias facultades que tendría la nueva Cofecoe para regular al empresariado mexicano, pero ni una palabra dijo de las mismas facultades que tendría  el Ifetel para regular a las empresas de telecomunicaciones no formaban parte del empresario mexicano. Pareció que las empresas de telecomunicaciones no formaban parte del empresariado mexicano. El mensaje se interpretó como `péguenles` a los de telecomunicaciones, pero no toquen a los demás.

A esto hay que agregarle que varios dirigentes empresariales velan más por sus intereses personales que por los de grupo, por lo que la posición empresarial mexicana es débil.

Pero mientras esto le ocurre a la IP, la prensa ha señalado, en las últimas semanas, temas preocupantes: que el IMSS no pagó su Impuesto Sobre la Renta (ISR) y adeuda al fisco 4 mil 300 millones de pesos (REFORMA); que los partidos políticos le adeudan al Estado mexicano, según el IFE, más de 200 millones en impuestos y cuotas (Excélsior); que la Federación consiente a burócratas estatales y municipales al perdonarles el pago del ISR (REFORMA).

De tal suerte, que parece que mientras la IP pone su parte, quienes definen qué leyes se aprueban no ponen la suya. Y es que sencillamente no se habla de reducir los cuantiosos recursos de los partidos políticos y ni siquiera de transparentar cómo lo gastan en campañas sigue pendiente la fiscalización de las elecciones del 2012, y como también ha reportado REFORMA crecen los recursos que los legisladores se reparten sin mayor fiscalización.

Y es que si el País ha de avanzar, todos deben de poner su parte para dejar viejos vicios y modernizar todos los sectores económicos. Quizá hoy la Secretaría de Hacienda comience a lograr que otros actores, los gobiernos estatales y municipales, se ordenen. Y es que en el Senado está previsto que se vote una reforma constitucional para regular el endeudamiento de los estados. Hay un gran optimismo entre los analistas sobre el porvenir de México en los siguientes años. Para que esto se haga realidad es indispensable que todos pongan una buena parte.

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