Federico González Luna Bueno
El Financiero
El presidente de la República acaba de confirmar que el 16 de abril de 2013 concluirán las transmisiones de televisión analógica abierta en Tijuana, BC, lo que, a juzgar por los avances alcanzados, es una noticia que debería inquietar en cierta medida a los tijuanenses.
La meta es que para 2015 todas las transmisiones de televisión abierta en el país sean digitales. ¿Por qué? Pues así se hace un uso mucho más eficiente del espectro radioeléctrico y se posibilita destinar una porción a servicios de banda ancha y de seguridad nacional; se mejora sustancialmente la calidad de las señales de video y audio; y se hace factible la inserción de más canales de televisión abierta y, consecuentemente, más competencia de contenidos.
Como es usual, tantos beneficios requieren de entusiasmo y, sobre todo, de mucha organización. Nuestros gobiernos en ocasiones hacen gala de lo primero, pero casi siempre se alejan de lo segundo.
Para llevar a cabo el apagón analógico es necesario que un número significativo de hogares disponga de los equipos que les permitan recibir las señales digitales, para lo cual existen tres mecanismos principales: mediante un televisor digital, mediante cualquier servicio de televisión de paga o mediante un decodificador que convierta las señales digitales en analógicas.
En el anuncio presidencial se informó que:
A) En octubre se llevará a cabo la licitación de decodificadores.
B) En noviembre se realizará la selección de la empresa proveedora.
C) Después se iniciará un programa para colocar gratuitamente los decodificadores en más de 200 mil hogares de ingresos bajos.
D) Los hogares beneficiados serán seleccionados siguiendo criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval.
De conformidad con la Política de Televisión Digital Terrestre de la Cofetel, la primera plaza del país en la ocurrirá el apagón analógico es la ciudad de Tijuana, en abril de 2013. Sin embargo, a juzgar por lo anunciado, aún son escasos los avances alcanzados.
Como puede apreciarse por las formas antes aludidas para tener acceso a la televisión digital, resulta que quienes no tienen televisores digitales ni cuentan con servicios de televisión de paga son las familias de ingresos más bajos.
Es decir, para la mayoría de las clases medias y altas, el apagón analógico no es preocupante (considérese que la televisión de paga en México hoy supera 50 por ciento de los hogares).
Así, a seis meses de que se dé el apagón analógico en Tijuana, el gobierno no ha realizado la licitación de los decodificadores y, por ende, no cuenta con un proveedor de los mismos; tampoco ha hecho las pruebas de funcionamiento de los equipos, un censo preciso de los hogares potencialmente beneficiarios, ni existe un programa para la distribución o reparto de decodificadores. Tampoco se ha informado lo conducente a la población.
No vemos cómo puedan subsanarse tantas carencias en tan poco tiempo.
Espera una tarea titánica al equipo de radio y televisión de la Cofetel; por bien liderado que esté, uno no puede dejar de preguntarse si era necesario llevar a tal grado de tensión una política pública cuya mala implantación sólo traerá perjuicios a cientos de miles de tijuanenses que utilizan el único medio masivo gratuito de información y entretenimiento disponible.
Por lo pronto, todas las concesionarias de Tijuana ya transmiten la réplica digital de su señal analógica, y también lo hace la mayor parte de las permisionadas. El problema, como se ve, no era de transmisión, sino de recepción; no era de los operadores, sino gubernamental.
Si por razones electorales no se pudieron distribuir decodificadores este año, lo más lógico era no insistir casi obsesivamente en una fecha tan difícil de cumplir.
Lo más probable es que para el 16 de marzo próximo no se haya alcanzado 90 por ciento de penetración en Tijuana y la fecha del apagón analógico deba posponerse. ¿Había necesidad de heredar este problema?
