2018-10-23
A lo largo de la semana pasada fuimos testigos de cómo se juntaron en la agenda pública de nuestro país tres temas de gran relevancia para el futuro de México. Me refiero a las ya conocidas posturas en materia de educación, petróleo, y desde luego, del destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), de personas que formarán parte del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, una vez que asuma el cargo el próximo 1 de diciembre.
En los tres casos, estamos frente a temas en los que la miopía de corto plazo nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. En la parte educativa, ya sabemos que existe la postura de “cancelar la reforma educativa”, entre otras razones, para eliminar la evaluación de los docentes. Erróneamente se ha afirmado que ésa fue una reforma laboral, más que educativa, que sus resultados no se han materializado, y por lo mismo, hay quienes se han atrevido a asegurar que es un fracaso. Alternativamente se nos dice que la evaluación de los maestros será voluntaria, como si eso fuera una política pública verdaderamente deseable y una mejor práctica internacional. Se ha querido cuestionar que la evaluación de los docentes sea una imposición de la OCDE. Pues no, no es así.
Aunque es cierto que dentro de los países de esta organización es común la práctica de evaluar a los maestros, también es cierto que ello ocurre en muchos otros países, o sea, no es una excepción. Al contrario, excepción será que un país que aspira a mejores niveles de desarrollo se dé el lujo de no contar con una política que tenga como propósito identificar las áreas de oportunidad para mejorar la interacción entre maestros y educandos y por tanto, mejorar la calidad de la educación.
Por otra parte, supimos que la agencia calificadora Fitch Ratings disminuyó la calificación de la perspectiva crediticia de Pemex, al pasarla de Estable a Negativa en el plano internacional, principalmente por lo que esta agencia considera como incertidumbre en el plan de negocios de esta empresa petrolera. De inmediato, la futura titular de la Secretaría de Energía cuestionó la decisión de Fitch y la calificó como absurda. De inmediato, el presidente electo se sumó también al cuestionamiento, afirmando que “es que la reforma energética que avalaron esas calificadoras ha resultado un rotundo fracaso”.
Siendo objetivos, la reforma energética es un proceso en marcha, en el que en las primeras rondas en las que se licitaron contratos para exploración y extracción de hidrocarburos generaron compromisos de inversión por 175,000 millones de dólares. El primer contrato asignado fue firmado en septiembre del 2015 y si tomamos en cuenta que el tiempo promedio que se espera para que esos campos empiecen a producir es de cuatro años, pues simple y sencillamente es muy aventurado afirmar que la reforma energética ha fracasado.
Finalmente, el tema del nuevo aeropuerto. Se ha convertido en un juego perverso en el que todo apunta a que se diseñó un mecanismo de consulta que blindará al titular del Ejecutivo de cualquier decisión que se pueda adoptar en torno al proyecto que hoy se construye en Texcoco. Aunque la mayor parte de quienes serán los funcionarios vinculados con este proyecto han declarado su preferencia por la opción del binomio aeropuerto actual más Santa Lucía. Este juego —que el mismo día que se anuncie el resultado de la consulta terminará impactando negativamente en el tipo de cambio del peso frente al dólar— puede afectar de manera permanente los resultados que el nuevo gobierno podría entregar en el 2024, pues la señal será muy clara: no hay compromiso alguno que no corra el riesgo de ser desconocido. Jugar con las expectativas de los mercados financieros y minar la credibilidad de un gobierno es demasiado peligroso.
