2019-05-07
En fechas recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que de no lograr licitarse con éxito los hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se podría crear un organismo estatal para garantizar la conectividad en todo el país. Para justificar esta decisión, el presidente ha señalado que la industria eléctrica se nacionalizó porque Antonio Ortiz Mena argumentó que los empresarios buscaban hacer negocio y electrificaban donde podían cobrar, sin llegar a los pueblos apartados. Entonces, utilizando ese símil, se está planteando que para poder llevar Internet a poblaciones que hoy no cuentan con el servicio, lo más indicado sería que una empresa propiedad del Estado se encargue de desplegar la infraestructura necesaria para poder llevar ese servicio.
Se trata de una apuesta muy fuerte, utilizando un vehículo que ya se utilizó en el pasado y que quedó demostrado que lejos de resolver los problemas, a la larga sólo se convierten en un nuevo problema para el Estado. Entre otras razones, porque cuando se trata de dimensionar un proyecto desde el gobierno, los burócratas generalmente subestiman los costos de inversión, así como los costos de operación, al mismo tiempo que se tiende a sobreestimar los ingresos que se generarán con ese proyecto.
Además, no debe pasarse por alto que uno de los problemas centrales de México, es el gran número de localidades con 500 habitantes o menos, lo que impone un enorme reto para llevar todo tipo de servicios a esas localidades. Esa dispersión ocasiona que llevar servicios de redes a la población que habita en esas localidades resulte muy costoso.
Entonces, la primera gran pregunta que un gobierno debe hacerse es, que en principio podría parecer polémica pero que tiene mucho fondo, si vale la pena invertir cuantiosos recursos para llevar infraestructura de red, ya sea de electricidad, de agua, de telecomunicaciones, a esas poblaciones, o si resulta más rentable socialmente invertir para lograr que muchos de esos núcleos poblacionales se acerquen a núcleos poblacionales más grandes, a los que pueden llevarse esos servicios a un costo mucho más accesible, de manera que a la larga, los recursos escasos pueden invertirse de una manera más útil desde el punto de vista social.
Valdría mucho la pena que antes de orillar al presidente a aventurarse en un tipo de solución que está ampliamente demostrada como una que no resuelve el problema que se buscaba resolver, que termina por costarle a los contribuyentes mucho más de lo que originalmente se les plantea, que crea burocracia que tiende a desligar su actuación de las metas originalmente planteadas, y que termina por ocasionar que el costo de ofrecer el servicio es tan alto que ni con fuertes cantidades de subsidio la población objetivo puede adquirirlo, se analicen con seriedad las distintas posibilidades o soluciones tecnológicas para llevar el servicio de banda ancha a esas poblaciones.
El desinterés de las empresas en un contrato objeto de licitación pública no necesariamente significa que éstas no están interesadas en llevar servicios a zonas que hoy no lo tienen, puede ser que sea producto de un mal diseño de la licitación, de un deficiente diseño de los incentivos que se ofrecen a los posibles interesados. Al día de hoy, no se percibe que al interior del gobierno se haya hecho un ejercicio de reflexión para determinar si la falta de interés se explica por un posible interés mezquino de los inversionistas privados o si los burócratas simplemente han hecho un muy mal diseño de un contrato que podría licitarse de manera distinta.
Un detallito que parece que nadie le ha comentado al presidente reside en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé que cuando un ente público obtenga una concesión para ofrecer servicios de telecomunicaciones, sólo lo podrá hacer en carácter de operador mayorista y que en ningún caso podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales. ¿Entonces?
