2020.06.16
Vía El Universal
Las investigaciones en contra de la Cooperativa La Cruz Azul han seguido avanzando, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En particular, la comparecencia (entrevista) de José Alfredo Álvarez Cuevas en la Coordinación de Métodos de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR da mucha luz a la forma de operar de su hermano -Guillermo Álvarez (‘Billy’), el aún presidente de La Cruz Azul- pues corrobora y amplía las acusaciones en su contra.
De hecho, Alfredo Álvarez fue informado en dos ocasiones que no tenía que declarar en contra de su hermano, pues así lo permite el Código Penal al tratarse de un consanguíneo, pero prefirió declarar buscando un “criterio de oportunidad”, esto es, aportar lo que sabe sobre los malos manejos en la Cooperativa La Cruz Azul para buscar no ser sancionado.
Alfredo Álvarez, en su calidad de director comercial y luego director de planeación, detalló la mecánica de desvío de recursos que se hacían en la cooperativa: I) pagos a empresas que cobraban servicios que no prestaban; II) aportaciones a fideicomisos del patrimonio de la cooperativa; III) compra-venta de jugadores a sobreprecio; y, la que más llamó la atención de los investigadores, IV) pagos excesivos de servicios profesionales a despachos externos por la atención de asuntos legales que no prestaron o que sí prestaron, pero no defendían los intereses de la cooperativa, sino los de ‘Billy’.
Incluso, en los documentos de la FGR y de la UIF que se han podido obtener como parte de una investigación, se desprende que una parte importante de los montos que la cooperativa pagaba a despachos regresaba a ‘Billy’ previo el pago de una comisión a quien le ayudara con la respectiva maniobra.
En el expediente de la Agencia de Investigación Criminal se mencionan operaciones a conveniencia para alterar valores que se hacían a través de Ignacio López Medina, realizando arreglos entre jugadores, equipos y representantes. En la época de Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez, indica el expediente, se habrían pagado sobreprecios por los jugadores Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, otro de apellido Sánchez y Misael Domínguez.
En lo que respecta a los despachos jurídicos que habrían ayudado a mover dinero, el expediente de la FGR y de la UIF señala a Ángel M. Junquera Sepúlveda de haber movido “cantidades millonarias” vía su despacho o vía una sociedad denominada “Desarrolladora Táctica FA S.C.”. El abogado Junquera, según declaraciones ante la FGR, habría recibido 800 millones de pesos de la cooperativa. Con tal cantidad de dinero siendo depositado en sus cuentas, es hasta risible que HSBC le haya premiado, en 2019, como ganador de la campaña “Incrementa tu saldo y gana”.
Pero ver al abogado Junquera involucrado en esta trama es un serio golpe reputacional para los abogados de México. Y es que es el presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, la máxima asociación de abogados que se preocupa “por la excelencia de la profesión” y que busca ser la encargada de aplicar un “estricto control ético” entre los abogados del país para certificarlos en el ejercicio profesional. De probarse las acusaciones en el expediente, este sería un golpe brutal para la credibilidad de los colegios de abogados en el país.
Otro despacho legal que está incluido en las investigaciones es el Bufete Ruíz Durán S.C. que recibió, según las autoridades hacendarias, 65 transferencias (SPEIs) de la Cooperativa por 195 millones de pesos entre 2014 y 2019. El despacho en cuestión empezó a brindar servicios a la cooperativa justo unos días después de que la UIF, cuyo titular era Alberto Bazbaz, le congelase y luego sorpresivamente descongelase sus cuentas a Víctor Manuel Garcés
Rojo, exvicepresidente del Cruz Azul, de acuerdo con funcionarios de la UIF entrevistados. Este bufete es central en las investigaciones federales, pues los vínculos y transferencias económicas llegarían hasta un alto funcionario de la Presidencia de la República durante la administración de Enrique Peña Nieto, lo que especulan habría comprado impunidad a la cooperativa durante el sexenio pasado.
Desde luego, todos los señalados en los expedientes oficiales sobre La Cruz Azul son inocentes hasta no ser encontrados culpables por la autoridad competente, pero la evidencia que han encontrado las autoridades, los registros de transferencias, las declaraciones de impuestos al SAT y la declaración de un alto ejecutivo de la cooperativa, vuelto ahora un soplón ante la FGR, parecen muy graves para el actual director de la cooperativa, para muchos jugadores de fútbol y sus representantes y, aún más importante, para varios destacados abogados. Vaya escándalo empresarial, deportivo y político.
Para la afición cruzazulina debe quedar claro por qué no han ganado un campeonato en 22 años: el negocio no era el fútbol, estaba en otro lado: actividades de dudosa procedencia. Veremos si en la 4T este tema se esclarece o, por el contrario, con tanto dinero fluyendo, se hace perdidizo.
