Eduardo Ruiz Vega/ La Razón
En la instrumentación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, parece que el dicho “después de la tempestad viene la calma” se invertirá. Hoy se respira una paz que raya en romanticismo. Pareciera que no hay prisa para reanudar las labores en un sector que está parado por un cambio estructural de gran envergadura, cuyos detalles conocen exclusivamente los notables del llamado Pacto por México.
Los días pasan y poco a poco nos acercamos al final del plazo que el Constituyente otorgó al Congreso para emitir la legislación secundaria producto del cambio constitucional. Hasta ahora no conocemos iniciativa alguna emanada del Pacto por México, del Ejecutivo federal o de los legisladores que aprobaron la reforma. Eso sí, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que la dependencia que abdicó a este sector está muy interesada en dictar la nueva ley, situación que en el mejor de los casos evidenciaría responsabilidad republicana, pero que vista a la luz de lo que sucedió el sexenio pasado podría advertir la intención de seguir administrando la autonomía del regulador, aunque ahora haya sido elevada a rango constitucional.
En esta luna de miel, romántica y tropical, han existido pronunciamientos que se han pasado por alto y realidades que no han sido comentadas por la opinión pública. Primero están, como ya se mencionó, el sigilo y la opacidad con los cuales se ha manejado la propuesta de nueva legislación para el sector. Resulta paradójico que los arquitectos de una reforma orientada a ensanchar libertades de expresión e información prediquen exactamente lo contrario en la práctica al ocultarle a la sociedad sus ideas y rehuir así la posibilidad de un debate serio en torno al destino final de este cambio estructural.
En el mismo sentido, debemos apreciar la incongruencia entre el discurso pro autonomía de los órganos reguladores y la “coordinación” manifiesta que ejerce sobre la Comisión Federal de Telecomunicaciones su cabeza de sector. Con este antecedente ya podemos esperar la subsistencia de la Subsecretaría de Comunicaciones y de la doble ventanilla, que ahora será a la inversa mediante la figura de las “opiniones técnicas no vinculantes” que la SCT emitirá al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, conocido como Ifetel.
Tal vez el punto más preocupante es el relativo a un invento que proviene del origen de la Cofetel y que es la distinción entre la regulación y la política pública. Aunque prácticamente todas las facultades de decisión pasarán al órgano constitucional autónomo Ifetel, funcionarios de la SCT ya han declarado de manera rimbombante que la política pública del sector seguirá siendo dictada desde el búnker de Universidad y Xola. ¿Qué comprende la política pública?: pues básicamente todo lo que interese al Estado.
El inicio de operaciones del Ifetel advierte una tempestad posterior a esta calma. Con grandes expectativas, incertidumbre en la legislación y una agenda apretada, este nuevo órgano habrá de enfrentarse a los obstáculos e inercias que han caracterizado a este convulso sector desde su apertura a la competencia en la década de los noventa.
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