Eduardo Ruiz Vega.
La Razón de México
En México, como en muchos otros países del orbe, importamos hace tiempo la figura de la `agencia regulatoria`. En la mayoría de los casos estas agencias como son la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el hoy Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por citar algunos, funcionan de manera colegiada.
La colegiación presupone diversidad de criterios, discusiones y análisis enriquecidos, mayor transparencia y, en general, equilibrio en el actuar gubernamental que requiere de mayor especialización en diversas áreas relacionadas con la economía y la sociedad.
Los órganos colegiados, si bien son relativamente novedosos dentro del Poder Ejecutivo Federal, no son nuevos en el Estado mexicano. El Poder Legislativo es netamente colegiado, mientras que el Judicial también cuenta con numerosas estructuras de este tipo en su pirámide jerárquica.
Es por ello que llama profundamente la atención lo que muchos han llamado y publicado, inclusive, como una crisis en algunos órganos colegiados o comisiones pertenecientes a la administración pública federal. Los desacuerdos manifiestos entre sus integrantes, los reproches, desmentidos y criterios encontrados se perciben como un defecto en el diseño de estas instituciones.
Sin duda, existen casos en que esta percepción puede ser válida. El penoso incidente presenciado por la sociedad la semana pasada en torno a la elección del nuevo Comisionado Presidente del IFAI no puede advertirse como un ejercicio democrático. Tampoco, estimo, amenaza a esta institución creada con lujo de facultades y recursos. Es un llamado a analizar sus reglas de funcionamiento, incluyendo la forma en que sus integrantes son designados y `no objetados` por el Senado de la República.
Este no ha sido el único caso. Ya en su momento acusaciones hechas públicas a través de comunicados institucionales y recusaciones calificadas de procedentes en otros órganos habían encendido focos naranjas de atención.
Ante esta situación, uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía y obligación de los gobernantes se posiciona en la práctica como remedio para ecualizar la compleja actuación de estas instancias de regulación y gobierno. Me refiero, claro está, a la tan publicitada transparencia y rendición de cuentas que analizada en muchos casos deviene selectiva y poco institucionalizada.
Las `agencias regulatorias` mexicanas muestran un perfil inacabado. Basta para soportar esta afirmación la diferencia de reglas y procedimientos básicos entre comisiones que en esencia realizan actividades adjetivas similares.
Lo que hoy se percibe como una crisis podría ser una gran oportunidad para eliminar la regla mexicana del `dulce, chile y manteca` con la que se han inventado en las últimas décadas estas instituciones. La oportunidad es inmejorable, corre el plazo para instrumentar la reforma constitucional conocida como Reforma Política. Tic, tac…
En México, como en muchos otros países del orbe, importamos hace tiempo la figura de la `agencia regulatoria`. En la mayoría de los casos estas agencias como son la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el hoy Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por citar algunos, funcionan de manera colegiada.
La colegiación presupone diversidad de criterios, discusiones y análisis enriquecidos, mayor transparencia y, en general, equilibrio en el actuar gubernamental que requiere de mayor especialización en diversas áreas relacionadas con la economía y la sociedad.
Los órganos colegiados, si bien son relativamente novedosos dentro del Poder Ejecutivo Federal, no son nuevos en el Estado mexicano. El Poder Legislativo es netamente colegiado, mientras que el Judicial también cuenta con numerosas estructuras de este tipo en su pirámide jerárquica.
Es por ello que llama profundamente la atención lo que muchos han llamado y publicado, inclusive, como una crisis en algunos órganos colegiados o comisiones pertenecientes a la administración pública federal. Los desacuerdos manifiestos entre sus integrantes, los reproches, desmentidos y criterios encontrados se perciben como un defecto en el diseño de estas instituciones.
Sin duda, existen casos en que esta percepción puede ser válida. El penoso incidente presenciado por la sociedad la semana pasada en torno a la elección del nuevo Comisionado Presidente del IFAI no puede advertirse como un ejercicio democrático. Tampoco, estimo, amenaza a esta institución creada con lujo de facultades y recursos. Es un llamado a analizar sus reglas de funcionamiento, incluyendo la forma en que sus integrantes son designados y `no objetados` por el Senado de la República.
Este no ha sido el único caso. Ya en su momento acusaciones hechas públicas a través de comunicados institucionales y recusaciones calificadas de procedentes en otros órganos habían encendido focos naranjas de atención.
Ante esta situación, uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía y obligación de los gobernantes se posiciona en la práctica como remedio para ecualizar la compleja actuación de estas instancias de regulación y gobierno. Me refiero, claro está, a la tan publicitada transparencia y rendición de cuentas que analizada en muchos casos deviene selectiva y poco institucionalizada.
Las `agencias regulatorias` mexicanas muestran un perfil inacabado. Basta para soportar esta afirmación la diferencia de reglas y procedimientos básicos entre comisiones que en esencia realizan actividades adjetivas similares.
Lo que hoy se percibe como una crisis podría ser una gran oportunidad para eliminar la regla mexicana del `dulce, chile y manteca` con la que se han inventado en las últimas décadas estas instituciones. La oportunidad es inmejorable, corre el plazo para instrumentar la reforma constitucional conocida como Reforma Política. Tic, tac…
