Eduardo Ruiz Vega
La Razón de México
Después de una sesión maratónica que concluyó en la madrugada del viernes, el proceso legislativo para aprobar la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica avanzará al Senado de la República. Será esta instancia legislativa la que prosiga con el análisis y discusión de este complejo documento, no tanto en su artículado principal sino en sus prolíficas disposiciones transitorias.
La reforma parte de un nuevo enfoque de las telecomunicaciones al ligarlas al ejercicio de las libertades de expresión, información (hasta hoy prensa) y el derecho a la información. Los medios de comunicación electrónica se vislumbran como la nueva imprenta, sus espacios, se percibe, sustituyen a la plaza pública y esta concepción se pretende llevar hasta nuestra ley fundamental. Con este cambio conceptual cambiará todo: las instituciones, las leyes y la prelación en los objetivos que persigue el Estado.
El Estado pretende volver a operar una o más redes con cobertura nacional, `troncales` las denomina. Serán de fibra óptica e inalámbricas, utilizando a manera de condominio la banda de 700 MHz. No queda claro como lo harán, que tanto van a desagregar y de dónde obtendrán los recursos para ello. Eso no importa, lo importante es reformar, transformar. Con fibra óptica, derechos de vía exclusivos, tres nuevos satélites y el espectro radioeléctrico, Telecomunicaciones de México, conocido como Telecomm, que estuvo a punto de fenecer, hoy se erige fuerte y musculoso.
También habrá un sistema nacional de radio y televisión que ofrecerá contenidos propios de los medios públicos o de vocación social. Como la BBC mexicana, lo comparan algunos legisladores. Cómo englobará este sistema a los medios existentes, como Canal Once o Canal 22, aún es un misterio. Pero la propuesta está ahí y busca satisfacer una necesidad válida de las audiencias.
Las autoridades serán refundadas. La Comisión Federal de Competencia, sin cambiar mayormente de denominación, será vuelta a conformar. Ahora serán siete sus comisionados. Tendrá autonomía constitucional pero perderá una parte significativa de su quehacer actual, precisamente la relativa a las telecomunicaciones y a la radio y televisión.
Por su parte, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no quedará ni el nombre. De sus cenizas surgirá un poderosísimo órgano constitucional autónomo, denominado Instituto Federal de las Telecomunicaciones o Ifetel. Será precisamente eso, el IFE de las telecomunicaciones. Con siete asientos a ser ocupados por impolutos personajes seleccionados con rigor académico (que no práctico, claro está). Ellos, al igual que los que sean seleccionados para la Comisión de Competencia, no podrán hablar con sus regulados, su contacto deberá darse, de manera exclusiva, en `audiencia pública`.
El común denominador de esta nueva etapa pareciera ser reprobar lo ya hecho, sin aprender necesariamente de los errores. Un error significativo del pasado ha consistido en dejar para después lo que se puede hacer hoy. Si la Constitución Política va a ser modificada a un detalle insólito, entonces bien, valdría la pena no dejar pendientes a futuro, como la regulación específica para los operadores que dominan el mercado. En 1995 se dijo que serían regulados y hoy las autoridades encargadas de llevarlo a cabo, por lo que se aprecia, primero van a desparecer que haberlo logrado.
