Roberto García Requena
Ovaciones
Promulgada la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, empieza a correr el reloj que marcará el tiempo a varias instancias del gobierno federal para que ejecuten sus mandatos específicos y finalmente se pueda ver realizada la reforma a nuestra Carta Magna.
De entrada, la Comisión Federal de Electricidad deja de prestar servicios de telecomunicaciones a partir de ya y cede a Telecomunicaciones de México su concesión de red pública, los activos que utiliza para explotar dicha concesión y a todos los clientes que, confiando en el manejo que se le da a la CFE, mantienen contratos vigentes de transmisión de datos de gran capacidad con CFE Telecom.
También de inmediato, el Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el INEGI, deberán instalar un Comité de Evaluación, según lo manda la Constitución, y emitir una convocatoria pública para cubrir 14 vacantes de comisionados o consejeros. Antes de 60 días, el Comité debe enviar una lista que puede contener hasta 70 candidatos al presidente Peña Nieto para que él seleccione, en menos de diez días, a los 14 quienes formarán los nuevos órganos reguladores. Finalmente, los candidatos deberán ser ratificados por el Senado en no más de 10 días después de que el Ejecutivo envíe su propuesta. En resumen, los 7 consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones y los 7 comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica podrían estar iniciando labores tan pronto como este mismo mes, o hasta por ahí de septiembre.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal tendrá que trabajar a marchas forzadas para establecer tribunales y juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que deberán entrar en funciones a más tardar la primera semana de agosto.
Los diputados y los senadores del Congreso de la Unión también la tienen difícil, ya que además de todos los asuntos que cotidianamente atienden, la reforma constitucional los obliga a ejecutar varias tareas a partir de este momento y que deberán quedar concretadas, a más tardar, en diciembre de este año.
Muchas de las encomiendas pueden quedar solventadas en un mismo documento y probablemente bastará con la promulgación de la ley convergente de radio, televisión y telecomunicaciones que manda la Constitución. Lo anterior, sólo si en ella se contemplan además temas como el derecho de réplica, la producción independiente de contenidos, la homologación del régimen de concesiones, la tipificación penal de prácticas monopólicas, etc..
Dada la gran cantidad de intereses que se trastocarán con una legislación de esta naturaleza, va a ser sumamente complicado para los legisladores lograr un documento con el que todos estén de acuerdo y que además garantice diversidad, asequibilidad y calidad en los servicios que se van a regular. ¡A echarle ganas, señores legisladores!
