Gerardo Soria
El Economista
Seguramente para el momento en que usted esté leyendo este artículo, la Cámara de Diputados habrá aprobado ya, sin cambiarle una coma, la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que el presidente Peña Nieto envió al Constituyente Permanente, y que fue avalada por los partidos políticos firmantes del llamado Pacto por México. Comienza ahora la que, en mi opinión, constituye la etapa más difícil que debe sortear la reforma: el análisis y el debate en las comisiones del Senado de la República. Somos muchos los que hemos celebrado la posibilidad de modernizar el marco jurídico que rige a estas industrias fundamentales. Somos muchas la voces que desde puntos de vista completamente divergentes coincidimos en la urgente necesidad de romper el vergonzoso pasmo en que las telecomunicaciones y la radiodifusión cayeron durante los 12 años de gobierno panista. Voces autorizadas, hasta ahora enfrentadas, hemos concluido que esta reforma no sólo es necesaria sino urgente. Coincidimos también en que desde un punto de vista doctrinario y de técnica constitucional, gran parte de la reforma debería ser materia de una ley secundaria y de reglamentos, no de artículos transitorios de la Constitución, pero todos reconocemos que el gran poder de los intereses afectados obliga, en la práctica, a blindar la reforma de los litigios eternos que desde 1996 han sido un constante obstáculo para las entidades reguladoras, carentes de un andamiaje institucional sólido. Es cierto que existen aspectos que se deben analizar con responsabilidad y con base en fundamentos de carácter técnico, pero también es cierto que pretender modificar la iniciativa, así sea en aspectos meramente técnicos, puede abrir la caja de Pandora y dar al traste con los acuerdos políticos tan difícilmente alcanzados. Necesitamos precisiones, pero este trabajo puede muy bien hacerse en la nueva ley convergente que el Congreso de la Unión habrá de emitir 180 días después de que entre en vigor la reforma. Por eso, llamo a todas las voces que de buena fe hemos pugnado por una industria competitiva a no ser más papistas que el Papa. No podemos dejar pasar una reforma tan trascendente por minucias. Los intereses afectados son fuertes, pero la nación lo debe ser más. Veamos el bosque y no nos perdamos en las ramas. La falta de apertura en el sector de las telecomunicaciones le ha significado a México un costo de más de 25,000 millones de dólares al año, según un análisis de la OCDE. La convergencia de voluntades políticas que derivó en esta iniciativa debe convertirse en la gran oportunidad para evitar semejantes pérdidas y quitar, de una vez por todas, este freno a la economía mexicana. El verdadero riesgo de la reforma en telecomunicaciones es que no haya reforma en telecomunicaciones. Por ello, es necesario que ésta sea aprobada a la mayor brevedad.
Voces autorizadas, hasta ahora enfrentadas, hemos concluido que la reforma es necesaria y urgente
El costo por la falta de apertura en telecomunicaciones ha sido alto
