Para nadie es una sorpresa que América Móvil (Telmex-Telcel) ha defendido su control de los mercados de telefonía y banda ancha con gran éxito desde que fue privatizada en 1990. A partir de 1995 en que la ley permitió la competencia, ésta sólo ha logrado alcanzar una participación de mercado de aproximadamente 35 por ciento.
Recordemos que a diferencia de todos sus competidores, que partieron de cero, Telmex partió de una participación de mercado de 100%, por lo que, literalmente, cada punto porcentual que la competencia le ha ido ganando ha sido a costa de una altísima inversión y esfuerzo, frente a un competidor hábil, profundamente conocedor de su mercado y que tenía originalmente cautivos a todos los clientes del país. Además, contaba y cuenta con la única red de telecomunicaciones con cobertura nacional. Nadie tiene, ni de cerca, una red con la cobertura que tenía la red de Telmex cuando fue privatizada, ni mucho menos con la que tiene hoy en día. Su más cercano competidor no tiene, en kilómetros, ni una quinta parte de esta cobertura.
Pero no se trata de un problema de falta de inversión sino de eficiencia económica. En todos los países del mundo en que los órganos reguladores han fomentado la competencia partiendo de la base de una empresa estatal monopólica que fue privatizada, se dieron cuenta de que era ineficiente tener tres, cuatro o cinco redes que pasen enfrente de las casas de los usuarios para hacer exactamente lo mismo. Al final, el costo lo pagarían lo usuarios y los beneficios de la competencia no llegarían. Por eso, y ante el vertiginoso avance tecnológico que permite utilizar la misma infraestructura física para transmitir cada vez mayor capacidad de datos, la práctica internacional obligó a los antiguos monopolios, dueños de las redes nacionales, a desagregar su infraestructura y permitir su uso a los competidores a precios establecidos por el regulador. En México, esto se estableció en la Constitución hace dos años y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a Telmex la obligación hace uno. A la fecha, nada ha pasado. Es letra muerta.
Las únicas empresas que hoy por hoy están en posibilidad de duplicar la red de Telmex a través de la ampliación de su huella geográfica, adquiriendo concesionarios más pequeños en nuevas plazas, son las dos grandes empresas de televisión por cable (Grupo Televisa y Megacable), quienes le compiten férreamente en telefonía y banda ancha fija, sacándola de su zona de confort. Por eso, Telmex ha fomentado una intensa campaña mediática exigiendo al IFT que se les declare dominantes en televisión de paga y se les impida seguir creciendo sus redes.
Pretenden confundir a la autoridad en dos temas distintos: 1) la infraestructura de acceso al usuario, en donde sin lugar a dudas Telmex detenta, por mucho, el control absoluto, y 2) la provisión de contenidos audiovisuales, en dónde hay infinidad de programadores y plataformas que requieren un análisis minucioso.
El punto uno anterior es tan claro que la propia concesión de Telmex le prohibió desde 1990 prestar servicios de televisión. Como le comentaba en mi artículo de la semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a más de 1,000 concesionarios el derecho a explotar redes de televisión por cable en determinadas poblaciones. Nunca se otorgaron concesiones con cobertura nacional. Con tal fragmentación, permitirle a la única red con cobertura nacional prestar servicios de televisión era condenar a la quiebra a toda la industria de la televisión por cable. Mientras la red de Telmex no se comparta, esta realidad sigue vigente.
Por lo que hace al punto dos, sería interesante que el IFT analizara el volumen total en dólares que compra América Móvil a los programadores internacionales (Time Warner, Disney, HBO, etcétera), frente a lo que compran Grupo Televisa y Megacable. Tal vez podrán darse cuenta de dónde está el poder de mercado respecto de los contenidos audiovisuales.
