Gerardo Soria
El Economista
La reciente comparecencia del Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para tratar de explicar las irregularidades detectadas en la adjudicación directa de contratos por más de 130 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y a Enapsys México, S.A. de C.V. me obliga a presentar la evidencia que he obtenido vía la ley de transparencia durante los últimos 18 meses. No ha sido fácil, dados los pretextos de la Cofetel y la UAEM para entorpecer nuestro acceso a la información, pero al día de hoy tengo la película completamente clara. Así, pediré audiencia a la Auditoría Superior de la Federación para la entrega de la evidencia en mi poder y la próxima semana me reuniré personalmente con algunas de las plumas que, sin duda, de buena fe, han salido a dar la cara por la presunta honestidad de Mony de Swaan.
He profundizado ya en este espacio sobre la triangulación de recursos entre la Cofetel, la UAEM y amigos de De Swaan. Ahora me enfocaré en los motivos de esa triangulación.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) dispone que, como regla, todas las adquisiciones del gobierno deben realizarse mediante licitación pública y sólo por excepción y sujeto a montos máximos, por invitación restringida o asignación directa. Para no cumplir con esta engorrosa ley, Mony de Swaan pretendió darle la vuelta utilizando el artículo 1 de la misma, que básicamente dice que la LAASSP no es aplicable en contrataciones con otras entidades gubernamentales. Por eso se inventó un convenio de colaboración con la UAEM, la que, a su vez, subcontrató a amigos de De Swaan.
Efectivamente, el artículo 1 de la LAASSP establece que las contrataciones con entidades de la administración pública, tales como la UAEM, no se someterán a dicho ordenamiento legal, siempre y cuando no subcontraten más de 49% de los servicios que les fueron adjudicados. En el caso que nos ocupa, la UAEM expresamente y de manera oficial reconoció que subcontrató 100% de los servicios, por lo que la excepción argüida por De Swaan es nula y debió haber cumplido con la LAASSP. Aún más, según documentación oficial en mi poder, algunos de los amigos de De Swaan fueron beneficiados por esta triangulación.
Pero ¿por qué era tan importante para Mony de Swaan evadir la ley?
Muy sencillo: era la única forma de asignar a sus amigos contratos por 130 millones de pesos. De otro modo, la ley lo obligaba a adquirir esos servicios (suponiendo que se hubieran prestado) a través de una licitación pública internacional sujeta a tratados de libre comercio y alguien, quizá no tan amigo, podía quedarse con esa jugosa suma.
De acuerdo con la LAASSP, diversos tratados de libre comercio suscritos por México y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, el tope para adjudicaciones directas era de 389,000 pesos; para invitación restringida, de 2 millones 678,000 pesos, y de no caer en los supuestos de excepción previstos en la ley (que en este caso no se cumplen), a partir de los 814,858 pesos, todas las adquisiciones debían realizarse por licitación pública internacional sujeta a tratados. Todos estos umbrales son escandalosamente inferiores a los 70 millones que se desviaron a través de la UAEM y a los 60 millones que se pagaron a Enapsys por prácticamente los mismos servicios.
Tales son, estimado lector, los motivos del cisne.
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