vía El Economista.
Así como una pequeña muestra de tejido enfermo nos permite saber la naturaleza del padecimiento, su grado de avance y las probabilidades de supervivencia que tiene el paciente, el crimen de Ayotzinapa sintetiza la razón de la violencia que se vive en México y su profunda raigambre. Quizá también permita aventurar algunas alternativas de solución.
A raíz del informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, parcialmente censurado por el gobierno y después hecho público por la periodista Peniley Ramírez, se ha ido develando una profunda simbiosis entre el crimen organizado y los órganos del Estado. Socios por conveniencia que se enriquecen tanto del erario público como de las diversas actividades delictivas que comparten y coordinan. Las fronteras entre Estado y criminalidad aparecen en esta biopsia completamente difuminadas: el gobierno municipal, su policía y sus órganos de asistencia social son encabezados por criminales cuyo objetivo es brindar protección a los grupos que representan, lavar dinero a través de la tesorería municipal y ampliar sus áreas de influencia. La fotografía de Abarca con López Obrador es más que ejemplificativa.
He de confesar que antes del informe de la Comisión para la Verdad, estaba convencido de que las Fuerzas Armadas no habían participado en el crimen, y no por ingenuidad. Simplemente me parecía que el nivel jerárquico de un presidente municipal y de cárteles locales era muy bajo como para tener influencia en instituciones tan sólidas y disciplinadas como el Ejército y la Marina. Evidentemente no fue así.
La presunta participación activa de los jefes de las guarniciones de Iguala y Chilpancingo en el crimen de Ayotzinapa demostraría con claridad el profundo entramado entre gobierno y crimen en todos los niveles jerárquicos. Es difícil de creer que una institución tan vertical y disciplinada como el Ejército pudiera permitir que jefes de guarniciones locales hagan acuerdos y brinden protección a criminales sin el conocimiento de sus mandos.
Parece claro que durante el sexenio de Peña Nieto las investigaciones avanzaron hasta que se toparon con el Ejército y la Marina. A partir de ese momento, el pacto de impunidad que cohesiona a la clase política y burocrática de México empezó a operar para encubrir la participación de las Fuerzas Armadas en el homicidio y desaparición de los 43 estudiantes. Con López Obrador nada ha cambiado. Tan pronto se hizo público el informe que pretendía ser reservado, el mismo pacto de impunidad hizo que la Fiscalía General de la República se desistiera de las órdenes de aprehensión solicitadas contra miembros de las Fuerzas Armadas presuntamente involucrados en el crimen, y el presidente ha hecho malabares para tratar de minimizar la participación del gobierno. Pretende convencernos de que se trata de un caso aislado de “manzanas podridas” y no de un problema sistémico. Lo mismo han hecho todos los gobiernos y políticos en todos los niveles.
No sería aventurada la hipótesis de que la incompetencia y precariedad de las policías y los órganos de procuración de justicia sea una consecuencia intencional del pacto de impunidad entre los grupos que detentan el poder del Estado. La corrupción en México dejó de ser un delito para convertirse en el engrudo que sostiene precariamente la cohesión de los tres niveles de gobierno y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es terrible proponerlo, pero en una sociedad que desprecia la ley el único valor compartido entre políticos, burócratas y criminales es la corrupción. Por esto López Obrador y Morena han sido tan efectivos en aglutinar bajo su esfera de control a tantos y tan disímbolos personajes. Mientras engañan con su supuesto combate a la corrupción ofrecen impunidad al status quo. Una transformación radical para que todo siga igual… o peor.
México ha hecho metástasis.
