Federico González Luna Bueno | El Financiero | 18 de junio 2012
En días recientes se dio a conocer ampliamente la asociación de Telefónica con Iusacell para hacer uso recíproco de su infraestructura. Se trata de una buena noticia para la competencia en las telecomunicaciones, que en el fondo refleja una carencia que debería ser una preocupación de primer orden para nuestras autoridades.
Compartirán infraestructura, tanto la actual como la que desplieguen en el futuro. Telefónica aportará 36 mil kilómetros de fibra óptica, ocho mil torres y los 98 mil kilómetros de carretera, mientras que Iusacell ofrecerá tres mil torres y diez mil kilómetros de fibra. Además considera las inversiones de Telefónica para 2012, que serían de entre 800 y mil millones de dólares, y de Iusacell, de entre 500 y 600 millones de dólares.
Buscan que sus servicios tengan cobertura de hasta 90 por ciento del territorio nacional y, sobre todo, que en el futuro inmediato sus usuarios puedan hacer uso de servicios de banda ancha móvil de última tecnología (4G y LTE).
La suma debiera crear mejores condiciones de competencia en México que, como se sabe, es el problema más grave que padecen los consumidores mexicanos y que ha ocasionado que la penetración de la banda ancha de nuestro país sea bajísima comparada a nivel internacional (la más baja de la OCDE, por mucho), con precios y calidad por debajo del promedio de América Latina. Afirma la OCDE que “el operador móvil dominante, Telcel, actualmente tiene 70 por ciento de las suscripciones móviles. Ese grado de dominancia se encuentra a veces en economías muy pequeñas, pero no tiene precedentes en países grandes como México”.
En el fondo esta asociación es un intento de respuesta a la anarquía regulatoria que vivimos en México. Dudaríamos en festejar demasiado las acciones que realizan los particulares ante la ausencia de gobernanza, cuando tratan de cubrir la ausencia casi absoluta de reglas y obligaciones generales y específicas para la compartición de infraestructura.
Es bien sabido que tal compartición es un elemento básico para alentar la competencia en telecomunicaciones; cualquier operador entrante o de menor tamaño que pretenda dar servicios en áreas donde actualmente no opera requerirá de infraestructura y de la interconexión que le ofrezca el operador incumbente. En México, los entrantes enfrentan importantes barreras para contar con dicha infraestructura: el galimatías regulatorio y la corrupción rampante a nivel estatal y municipal, la dificultad para usar los derechos de vía y derechos de paso, y la ausencia de reglas que obliguen a los demás operadores, sobre bases razonables, a compartir cierta infraestructura, como conductos, estaciones base de telefonía celular, elementos de red, y acceso a la infraestructura (coubicación).
El despliegue de redes no es tanto un problema financiero sino principalmente de ausencia de reglas. Si no hay más infraestructura y servicios no es porque los operadores pequeños no inviertan; de hecho, la suma de las inversiones de estos operadores es mayor que la del incumbente. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, en 2010 Telmex y Telcel en conjunto realizaron 31 por ciento del total de las inversiones en el sector, en tanto que los demás operadores cubrieron el 69 por ciento restante.
La apuesta de Telefónica y Iusacell es oportuna, pues nada está escrito en el mercado de servicios móviles en nuestro país de hecho; según la OCDE, la proyección es que el tráfico de datos móviles en México crecerá en 65 veces de 2010 a 2015 (de 918 terabytes a 60 petabytes mensuales).
Bien haría la autoridad en preocuparse y desarrollar nuevas políticas públicas que llenen el vacío existente. Existe el precedente del plan técnico fundamental de interconexión que contenía magníficas reglas en materia de compartición de infraestructura, el cual casi quedó nulificado ante los amparos concedidos a los operadores; la Cofetel podría relanzarlo, como acaba de hacer con los lineamientos para la consolidación de las áreas de servicio local.
