El Economista | Claudia Juárez Escalona | 14 de marzo de 2016.
A menos de cinco meses de que se lleve a cabo la presentación de propuestas y fallo de la red compartida, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, creó, por decreto, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, encargado de la administración y arrendamiento del espectro en la banda de 700 MHz y supervisión de compromisos del consorcio que resulte ganador de la licitación. Adicionalmente, promoverá proyectos de inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
María Elena Estavillo, comisionada del IFT, explicó que con la creación de dicho organismo: “se está formalizando uno de los pasos previstos en las bases de licitación de la red compartida y éste es el órgano que se va a encargar de la supervisión de compromisos del consorcio que resulte ganador de la licitación; es un proyecto con participación público-privada y a éste se le asignará la concesión del espectro”.
Dicho organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtendrá del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la concesión de espectro que se utilizará para el despliegue y operación de la red compartida.
Estavillo dijo que al ser concesionario de espectro, el organismo estará regulado por el IFT. “Ese organismo será parte del gobierno federal y será éste el que decida sobre su organización; nuestro papel será supervisar que cumplan con las obligaciones como cualquier concesionario”.
Según el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo deberá realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones, así como promover proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y, en su caso, radiodifusión, aprovechando los activos con los que cuenta el Estado.
El patrimonio del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones estará integrado por los recursos financieros y los bienes muebles e inmuebles que el gobierno federal le aporte; recursos que, en su caso, se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que reciba, adquiera, o se le transfieran, asignen, donen o adjudiquen por cualquier título, incluidos los ingresos y rendimientos que obtenga por sus operaciones.
El gobierno del organismo
El nuevo organismo será coordinado por un consejo de administración, mismo que deberá quedar instalado en un periodo no mayor a 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto y estará integrado por siete consejeros: el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presidirá dicho consejo; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de la Secretaría de Economía; el titular de la Subsecretaría de Comunicaciones, y tres consejeros independientes.
El periodo de los consejeros independientes será de tres años escalonados, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y podrán ser nombrados nuevamente para periodos adicionales; el Consejo de Administración sesionará trimestralmente.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, dijo que es la figura formal-institucional. “Es una ventana de tentación para que el gobierno sea empresario”. Lo que nace es un ente tipo empresa de origen público, es “avanzar el proyecto de la red compartida pero quedar abierta la posibilidad de injerencia mayor del gobierno”.
