El Economista | 19 Abril 2016
La fiscalía de Buenos Aires ordenó a las autoridades de telecomunicaciones bloquear el acceso a la aplicación de Uber debido a que no cuenta con habilitación para operar como servicio de transporte público en la ciudad.
La batalla de los taxistas de Buenos Aires para que la empresa Uber deje de operar en la ciudad sumó un nuevo capítulo.
El fiscal porteño Martín Lapadú solicitó al Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) el bloqueo de las plataformas digitales a través de las cuales se accede al sistema Uber para el traslado de pasajeros. Esto obligará a los operadores de telecomunicaciones a restringir el tráfico de datos para la app de Uber, la única forma de contacto entre los socios conductores de la firma y sus clientes.
La medida fue pedida por la Fiscalía en el marco de la investigación por el uso indebido del espacio público con fines de explotación comercial por parte de Uber y que comenzó a operar, sin autorización, el 12 de abril, informó la cadena DyN.
La investigación fue abierta por la Unidad de Investigaciones Complejas, a cargo de los fiscales Lapadú y Roberto Néstor Maragliano, tras ser advertidos de que Uber comenzó a operar sin pedir autorización al gobierno porteño.
En el terreno tributario, Uber también comenzó con el pie izquierdo: no cuenta todavía con el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), un elemento clave a la hora de pagar impuestos. De parte de Uber afirmaron a la revista Apertura que la demora en obtener el CUIT se debió a “causas que les son ajenas”.
“Ha quedado demostrado que la empresa organiza una actividad lucrativa en la vía pública para la cual no tiene la habilitación correspondiente ni registran solicitud de trámite alguna. La medida cautelar del bloqueo de la página web y de la app a resulta ser el medio más idóneo para hacer cesar la continua y permanente contravención en que se sigue incurriendo”, fundamentó el fiscal Lapadú.
Destacó el riesgo para la seguridad vial que significa el transporte de pasajeros sin el registro profesional, así como la falta de los correspondientes seguros para cubrir eventuales accidentes.
La medida se suma a los allanamientos del viernes en las oficinas de la empresa, donde se recolectó evidencia para avanzar en la investigación. Fuentes judiciales informaron que los fiscales entendieron que “la empresa no cumple con la vasta legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, cuyos requisitos hacen a la seguridad de los pasajeros, al uso del espacio público y a cuestiones tributarias”.
Uber aduce que su rol es de “intermediario tecnológico” entre dos particulares, el conductor del vehículo y el usuario. En un comunicado enviado a la agencia AP, informó que “se encuentra analizando la medida cautelar […] y brindará más información una vez que nuestro equipo haya evaluado la situación”. La compañía, además, respondió en medios sociales con la campaña #UberSeQueda, en un claro reto a las autoridades y llamando a los usuarios a defender su “derecho a elegir”
