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2022

SCJN Debe Garantizar el Pleno Ejercicio de la Libertad de Expresión

SCJN Debe Garantizar el Pleno Ejercicio de la Libertad de Expresión

  • Discusión del próximo lunes en torno a reforma sobre “Derecho de las Audiencias” debe estar alejada de pretensiones de actores políticos que buscan controlar a los medios.
  • Obligar a los concesionarios a distinguir entre opinión e información se aleja de las mejores prácticas internacionales y sólo inhibe el libre ejercicio periodístico.
  • Injustificable la suspensión precautoria de transmisiones en radio y televisión, así como la imposición de multas millonarias que afectarán inversiones y fuentes de trabajo.

Ciudad de México a 26 de agosto de 2022. – El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidan, en la discusión que sostendrán este lunes en el pleno de ese máximo órgano jurisdiccional, hacer a un lado la protección más elevada del pleno ejercicio de la libertad de expresión, a cambio de favorecer posiciones o pretensiones de un grupo de actores políticos que más que preocuparse por las audiencias de México, buscan ampliar los mecanismos de control y represión sobre lo que se puede comunicar en los programas de noticias que se transmiten a través de las concesiones de televisión radiodifundida, de radio y de aquellos programas que difunden noticias en canales de televisión restringida, pero cuya programación y transmisión se origina en territorio nacional.

Para el IDET es inaceptable que se pretenda hacer creer a los ministros que la obligación para los canales de televisión y las estaciones de radio de distinguir de manera expresa la información de la opinión de quienes participan en programas que difunden noticias es una disposición que deba considerarse como una mejor práctica internacional. Se trata de una ocurrencia legislativa que no existe en ninguna otra parte del mundo, y que lejos de favorecer a las audiencias, sirve para inhibir el libre ejercicio de la labor periodística y con ello restringir de manera artificiosa la de por sí frágil libertad de expresión que tiene lugar en nuestro país.

En el mismo sentido, de prosperar esa visión injerencista sobre cómo se puede o deben transmitir información noticiosa por encima del papel de los medios de comunicación como la última frontera de una sociedad democrática para velar por el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, los canales de televisión y las estaciones de radio mexicanas se verán sometidos a la presencia y supervisión de un defensor de las audiencias impuesto por el Estado mexicano, que en su designación no hay ninguna duda que las motivaciones políticas serán un factor central. Asimismo, ese funcionario impuesto basaría sus decisiones en un código de ética (también diseñado en buena medida por el propio Estado) obligatorio para los concesionarios de radio y televisión, así como los de televisión restringida, construido según los criterios políticos de funcionarios gubernamentales que difícilmente resistirán la tentación de ejercer control sobre los medios.

Sorprende que los ministros de la SCJN estén considerando siquiera que la amenaza tajante para los medios de comunicación, por parte de las autoridades reguladoras, de suspender de manera precautoria las transmisiones de una estación de radio o de un canal de televisión es una medida adecuada que justifica pasar por encima de la libertad de expresión. Lo mismo ocurre con la amenaza de sanciones que tendrían enfrente los concesionarios de radio y televisión, excesivas por definirse como porcentaje de los ingresos anuales de esas concesiones. Ambas amenazas se traducirán en una falta de certeza jurídica para los titulares de las concesiones, que sin duda afectará de manera negativa los montos de inversión, la expectativa de flujos de ingresos de esas concesiones y el número de fuentes de trabajo, un escenario indeseable frente a uno en el que existan las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

Por todo lo anterior, el IDET hace votos para que en la discusión que sostendrán los ministros integrantes del pleno de la SCJN este lunes 29 de agosto, no se pierda de vista que cualquier resquicio que ponga en riesgo la libertad de expresión, de opinión y de información, lejos de consolidar a México como una sociedad democrática, colocaría al país en la antesala de un régimen en el que se vigila y se controla lo que se puede decir a través de los medios electrónicos, algo que estamos ciertos no se quiere para nuestro país.

Acerca del IDET

El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación civil mexicana, constituida en julio del 2002, con fines estrictamente académicos, de investigación y propositivos, integrado por un grupo de especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco regulatorio existente.

Contacto de Prensa:

Ingrid Motta

BrainGame Central

[email protected]

Mob. 55 1249.1739

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