Separación estructural… ¡amenaza creíble!

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2018-04-12

En el mercado de telecomunicaciones, las medidas de separación (funcional, legal o estructural) han sido impuestas para dotar de incentivos al operador incumbente o principal tenedor de infraestructura fija (insumo esencial) a permitir que sus competidores tengan acceso a su red de acceso local o “última milla”, esto es, el último tramo de tendido de red que llega directamente al domicilio del usuario final.

De acuerdo con la experiencia regulatoria internacional, una medida de separación funcional está encaminada a reducir (o en el mejor de los casos, eliminar) los obstáculos al acceso a la red de última milla y, por tanto, al desarrollo de jugadores competidores y a la competencia efectiva. Al tratarse de la transferencia de estos recursos de infraestructura a una compañía con marca, empleados y directivos independientes de la empresa que le dio origen, esta nueva entidad podría enfocar sus esfuerzos de mercado en la provisión de servicios de acceso a la red local para los competidores en igualdad de condiciones.

Esto es precisamente lo que busca el órgano regulador de telecomunicaciones en México al ordenar y poner en marcha el plan de separación funcional del negocio mayorista de última milla de las subsidiarias del agente económico preponderante (AEP) en el segmento de telecomunicaciones fijas, Telmex y Telnor.

En el cuerpo de este plan se refiere que la separación funcional permitirá que se reduzcan los incentivos para que el AEP obstaculice el acceso a competidores a su red de última milla, así como pretende detonar la eficacia de las medidas asimétricas impuestas al operador, a saber: la desagregación de la red local, la compartición de infraestructura pasiva y el arrendamiento de enlaces dedicados locales. Si bien este remedio no garantiza la eliminación absoluta de los incentivos a restringir o menoscabar el acceso a la red de última milla, sí tiene la posibilidad de aproximar al mercado a condiciones de competencia efectiva, a partir de nivelar las condiciones de oferta entre proveedores de servicios de telecomunicaciones fijas, y consecuentemente expandir la penetración, cobertura y capacidades de la banda ancha fija en México.

Los beneficios esperados de la materialización cierta y efectividad de esta separación parecerían superar por mucho los costos de implementación, al menos en términos cualitativos. Es por ello que, a pesar de que tomará como máximo (ya menos) dos años para que esto último suceda, se debe buscar que su potencial sea alcanzado.

Su efectividad depende del cumplimiento a cabalidad de las reglas impuestas para su realización, pero también de la supervisión a la actuación del AEP en la prestación de los servicios mayoristas de última milla a sus competidores. De no ser así, el AEP debería considerar, como amenaza creíble, que se le podría imponer una separación estructural o de propiedad de los recursos de red de acceso local para así alcanzar a plenitud los objetivos citados.

AGENDA DIGITAL NACIONAL 2018

Es indiscutible que el mercado ha hecho lo que corresponde y su operación ha dotado de cobertura de conectividad necesaria en el territorio mexicano. Sin embargo, es deseable que estos niveles atiendan a toda la población. Es ahí donde nace una Agenda Digital o Estrategia Digital, una iniciativa para alinear objetivos, políticas y acciones de todos los actores de la sociedad, para gestar un entorno de conectividad universal y aprovechamiento pleno de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

En un esfuerzo por la articulación, planeación estratégica y optimización de este conjunto de políticas y acciones, se integró el Grupo ADN18 (Agenda Digital Nacional 2018-2024), compuesto por colectivos diversos de la sociedad, inicialmente articulado por la Asociación de Internet.MX, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y por The Competitive Intelligence Unit.

El Grupo ADN18 busca generar una propuesta integral y puntual de acciones que garanticen el derecho fundamental a la conectividad, promuevan la competencia en la industria y aseguren la competitividad del país para los próximos años.

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