Gerardo Flores/ El Economista.
Ya está en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Ahora se desprenden varios caminos que dependen de distintas instituciones. Está, desde luego, la expedición de la legislación secundaria y las modificaciones a todas las leyes que inciden sobre estos temas, aspecto al que me referí en mi contribución del pasado 10 de junio. Están también los desafíos relacionados con la adecuada integración de los órganos de gobierno de las autoridades reguladoras, tal como está previsto en la reforma ya vigente, tema al que también me referí en la contribución previamente citada, así como en otra previa, la del 6 de mayo pasado.
Ahora bien, ésos son desafíos de corto plazo. Poniendo la mirada en el horizonte, en el largo plazo, el gran reto recaerá tanto en la adecuada y eficaz actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como de la Comisión Federal de Competencia Económica. No está de más recordar que el consenso entre todas las fuerzas políticas recayó sobre el hecho de que estas autoridades debieran tener el carácter de constitucionalmente autónomas, apoyadas en un marco legal, y de atribuciones sin precedente en la organización de la administración pública de nuestro país.
En el caso del Ifetel, institución sobre la que me enfocaré en este artículo, en realidad se trata de desafíos de diversa índole. Está el que tiene que ver con lograr cumplir con el enormemente complejo papel de ser un regulador efectivo, aspecto al que me referiré en las siguientes líneas.
También está el desafío relacionado con resolver adecuadamente los distintos expedientes que la ya prácticamente extinta Cofetel dejará sin resolver, mal resueltos o deficientemente instrumentados. Están la inexistente regulación de los agentes con poder sustancial, la transición a la Televisión Digital Terrestre y la consolidación de las áreas de servicio local, este último, un aspecto que abordé aquí la semana pasada, por citar algunos de enorme peso y pesos. El primero y el tercero, de impacto directo en el presupuesto de las familias mexicanas y las empresas existentes en nuestro país.
Ahora bien, cuando hablo del desafío relativo a la complejidad de ser un regulador efectivo, me refiero a que quienes sean elegidos para integrar el pleno del Ifetel deberán tener presente que en su actuación deberán ser muy cuidadosos para evitar caer en el error de regular de más un segmento o mercado cuando dicha regulación o la carga regulatoria adicional no es necesaria o bien, en otro tipo de error, que ocurre cuando no se introducen las medidas regulatorias necesarias para hacer frente a las prácticas anticompetitivas de un agente económico.
Algunos investigadores en Teoría Económica han llegado a la conclusión de que regular en exceso un mercado que no lo requiere puede llegar a ser más costoso en términos de bienestar de la sociedad que no regular o imponer las medidas regulatorias necesarias en un mercado que no se comporta competitivamente. Tomando en cuenta el caso de México, yo difiero un poco de esas conclusiones. Para los mexicanos, ha sido mucho más costosa la ausencia total de eficacia para regular a los agentes dominantes. Ahí está el dato revelador que nos reporta la OCDE para México: la elevada concentración en el mercado de telecomunicaciones y la falta de competencia efectiva le generan un costo en bienestar a los mexicanos de 26,000 millones de dólares por año. Ojalá que los futuros comisionados del Ifetel tengan plena conciencia de esto.
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